El Gobierno de Chile acusó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro de no cooperar en las devoluciones de sus ciudadanos con decreto de expulsión del territorio, las cuales deben de hacerse efectivas en un plazo de 48 horas desde que se comunica la decisión, lo cual ha generado que haya 21.000 deportaciones pendientes de ejecutar.
En declaraciones para el medio El Mercurio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló que el régimen chavista no colabora con la gestión de expulsiones, lo que ha provocado que hayan 21.000 de ellas pendientes de ejecutar desde hace meses.
“Tenemos expulsiones que llevan meses tratando de ejecutarse y no hemos logrado coordinar los planes de vuelo para hacerlas efectivas; no puedes retener a una persona más de 48 horas antes de expulsarla”, dijo.
En este sentido explicó que el margen de dos días no permite ejecutar la resolución, por lo que pidió también cambiar la ley para agilizar los procesos.
«Hoy, para hacer una expulsión efectiva, hay una ventana de 48 horas desde que se decreta hasta que se ejecuta. Si no se ejecuta en 48 horas, pierde vigencia el decreto de expulsión y la persona es soltada y después hay que buscarla nuevamente para expulsarla. En 48 horas no se alcanza», apuntó.
En Chile, hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, siendo los venezolanos los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. EFE
