El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentó este martes un informe que documenta la práctica sistemática del régimen de Nicolás Maduro de anular pasaportes a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas como mecanismo de represalia en el contexto post-electoral de 2024.
La investigación documenta más de 40 casos en los que el Estado venezolano ha utilizado la anulación de pasaportes como una forma de persecución política para silenciar voces críticas, impedir su participación en foros internacionales y profundizar el cierre del espacio cívico.
Según CEJIL, esta práctica ha tenido consecuencias graves para las personas afectadas, entre ellas la separación familiar, el exilio forzado, limitaciones laborales, restricciones de movilidad y afectaciones emocionales profundas.
El informe destaca que esta política de control migratorio no es aislada ni aleatoria, sino parte de una estrategia más amplia del régimen venezolano de represión y control social que se intensificó tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
«Es urgente que la comunidad internacional no solo lea este informe, sino que actúe para proteger a quienes defienden los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Venezuela», advirtió CEJIL.
