El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH‑UCAB) advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la Ley de Amnistía aprobada en Venezuela presenta fallas graves en su diseño y aplicación, lo que la convierte en un mecanismo “deficiente”, “selectivo” y profundamente “revictimizante” para quienes han sido perseguidos por motivos políticos.
Durante una audiencia sobre la situación del país, celebrada en el marco del 195° período de sesiones de la CIDH en Guatemala, la investigadora Marysabel Rodríguez explicó que el proceso legislativo estuvo marcado por convocatorias hechas con muy poca antelación, participación reducida y un trato criminalizante hacia las personas invitadas, lo que generó nuevas dinámicas de revictimización.
Señaló que el proyecto no fue difundido de manera amplia ni oportuna, y que el Estado no reconoce las violaciones de derechos que dieron origen a las detenciones, como la vulneración de la libertad de expresión, asociación, movimiento, privacidad e integridad personal.
Rodríguez afirmó que la ley parte de la premisa de que los beneficiarios cometieron delitos, tratándolos como responsables y no como víctimas. Además, explicó que aunque su aplicación abarca desde enero de 1999 hasta febrero de 2026, la selección de trece periodos específicos funciona como un filtro que excluye numerosos casos de detenciones y procesos arbitrarios por razones políticas.
«La Ley de Amnistía es un intento deficiente desde la perspectiva de derechos humanos, al no reconocer al Estado como violador de derechos, no está orientada a una genuina restitución de garantías, su aplicación discrecional revictimiza y su selectividad excluye muchos casos que también son arbitrarios y merecen justicia«, sostuvo.
Detalló que la Comisión Especial de Seguimiento asegura haber recibido más de 12.000 solicitudes y otorgado 7.654 libertades plenas, pero estos datos solo han sido presentados de forma oral por diputados y no pueden verificarse con registros oficiales. Organizaciones civiles, en contraste, registran entre 500 y 600 excarcelaciones desde enero.
La investigadora también reportó que comités de familiares denuncian prácticas extorsivas dentro del sistema judicial. Además, el proceso está centralizado en Caracas, lo que obliga a víctimas y allegados a desplazarse desde estados lejanos —a veces durante 15 o 20 horas por tierra—, generando costos económicos y emocionales que profundizan la revictimización.
Rodríguez advirtió que, pese a las excarcelaciones, persisten amenazas de altos funcionarios contra sectores opositores, quienes advierten que los beneficiarios podrían ser detenidos nuevamente.
La investigadora añadió que esta ley convive con restricciones estructurales que siguen vigentes, como la Ley de Fiscalización de ONG, que impone controles discrecionales y ha bloqueado registros y actualizaciones de organizaciones. Tampoco se ha restituido la legalidad de partidos políticos intervenidos o ilegalizados arbitrariamente.
El @CDH_UCAB denunció ante la CIDH que la Ley de Amnistía es "deficiente" y "revictimizante" https://t.co/hGU9tHXYsZ pic.twitter.com/dq4ugGx5Jm
— Monitoreamos (@monitoreamos) March 10, 2026
