La directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges, presentó este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Termómetro de la Justicia y la Verdad y Estado de Derecho, una herramienta construida a partir del análisis y consenso de 20 organizaciones venezolanas para dar seguimiento a las recomendaciones de organismos internacionales y monitorear la situación del país.
Borges explicó que el instrumento está integrado por cuatro pilares que agrupan 15 indicadores y 10 recomendaciones precisas, orientados a medir qué patrones se mantienen intactos en Venezuela y qué es lo que urge transformar.
El primer pilar se refiere al cese de la represión, y mide si se liberan los presos políticos, si se cierran los centros de detención, si cesa la criminalización de defensores y activistas, y si se disuelven o reforman las fuerzas y colectivos armados que la ejecutan.
El segundo pilar evalúa la rendición de cuentas y la reforma institucional, incluyendo si autoridades como el fiscal general y la defensora del pueblo se designan con independencia real, si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se reforma con garantías genuinas, y si se abren casos que reconozcan los patrones de violaciones documentados.
El tercer pilar mide la protección del espacio cívico, específicamente si se derogan las normativas represivas y si se levanta el bloqueo a los medios de comunicación independiente. El cuarto pilar da seguimiento al multilateralismo y la cooperación con mecanismos internacionales, incluyendo el acceso de la Misión de Determinación de los Hechos, la reinstalación con mandato pleno de la Oficina del Alto Comisionado, la concreción de la visita in loco solicitada por la propia CIDH, y el cumplimiento del Estado con cortes internacionales.
Borges precisó que el instrumento no se trata solamente de un mecanismo de monitoreo, sino también de una hoja de ruta para evaluar si Venezuela avanza realmente hacia la recuperación del Estado de derecho, la justicia y la institucionalidad democrática.
La directora del Centro de Justicia y Paz señaló que, tras la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero, existen hechos nuevos que deben ser reconocidos, y destacó que la propia comparecencia de organizaciones venezolanas ante la CIDH es en sí misma una señal del momento que atraviesa el país, ya que hace poco más de un año muchas de esas organizaciones no podían hacerlo sin poner en riesgo su seguridad.
Sin embargo, Borges advirtió que esa apertura «todavía es frágil» y no puede confundirse con una transformación institucional, ya que el aparato represivo permanece intacto, ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada, y no existen investigaciones independientes ni rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos.
«Venezuela se encuentra ante un momento que puede definirse durante los próximos meses: avanzar hacia una transición democrática real o perder nuevamente una oportunidad histórica», afirmó Borges, quien subrayó la función insustituible de los mecanismos internacionales para proteger a las víctimas, preservar la evidencia y acompañar a la sociedad civil.
Beatriz Borges afirmó ante la CIDH que, aunque la situación es "frágil", hay una "oportunidad histórica" para una transición democrática en Venezuela https://t.co/JcPWMHab5Y pic.twitter.com/ZdpaBuQ7ZK
— Monitoreamos (@monitoreamos) August 6, 2026
