El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, aseguró que el caso de Víctor Hugo Quero Navas refleja “la olla podrida” del sistema judicial venezolano y exigió una reforma profunda del Poder Judicial.
Durante una rueda de prensa en Caracas, el parlamentario informó que la Diputación Nacional de Lápiz documentó 327 casos de abusos judiciales en medio del reciente proceso de amnistía y excarcelaciones registrado en el país.
Ecarri afirmó que en los expedientes revisados detectaron patrones como desviación de poder, violaciones al debido proceso, abuso de autoridad y vulneraciones al principio de igualdad ante la ley.
“Se convirtió el sistema de justicia en una máquina de miedo, en una máquina de arbitrariedades. Se fabricaron expedientes, se sembraron evidencias, se disfrazaron abusos policiales de causas políticas; todo esto se tiene que acabar”, expresó el dirigente.
El también presidente del grupo de amistad parlamentario entre Venezuela y Estados Unidos sostuvo que la reciente Ley de Amnistía dejó al descubierto graves irregularidades dentro del sistema judicial venezolano dirigido por el régimen.
En su intervención, Ecarri se refirió específicamente al caso de Víctor Hugo Quero Navas, preso político cuya muerte bajo custodia del régimen fue reconocida oficialmente meses después de haber ocurrido. El dirigente calificó el hecho como una evidencia de las fallas estructurales del sistema de justicia.
“Muere en prisión, y para completar, muere su madre con el corazón roto (…) ¿Cómo es que se desaparecen personas en Venezuela?”, cuestionó. También pidió identificar a los responsables de la detención y procesamiento del ciudadano.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido el 1 de enero de 2025 y permaneció desaparecido durante más de un año, mientras su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió cárceles y organismos del régimen exigiendo información sobre su paradero. Finalmente, en mayo de 2026, el régimen confirmó que había fallecido bajo custodia en julio de 2025.
El caso generó fuertes cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos, debido a las contradicciones oficiales y a las denuncias de desaparición forzada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas cautelares a favor de Quero y su madre semanas antes de que el gobierno reconociera la muerte del detenido.
Ante este panorama, Ecarri anunció que solicitará al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo la creación de un centro nacional para recibir denuncias contra funcionarios involucrados en abusos de poder y fabricación de expedientes.
“Aquí operaron mafias, mafias que forjaron expedientes, usaron la excusa política para hacer negocios, perseguir trabajadores y apoderarse de patrimonios”, afirmó.
El dirigente concluyó insistiendo en la necesidad de reformar tribunales y leyes para evitar que el sistema judicial siga siendo utilizado como mecanismo de persecución política.
