La cuestionada Asamblea Nacional chavista (AN) aprobó este martes en primera discusión un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que el país suramericano se retire de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la «falta de progreso real» con las autoridades venezolanas.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó el diputado chavista Roy Daza, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.
A su juicio, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una «decisión importante», en un momento en que todas las instituciones, dijo, deben actuar en unidad, así como las fuerzas políticas.
Daza explicó que la Fiscalía de la CPI se ha convertido en una institución con «fines ajenos para la que fue creada».
«Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos», reiteró.
Por su parte, el presidente de la AN chavista, Jorge Rodríguez, dijo que el Parlamento y el pueblo de venezolano muestran su «profundo desprecio» por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.
El lunes, la Fiscalía de la CPI anunció que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
Con información de EFE
