En el marco del lanzamiento del Informe Anual 2023/24 de Amnistía Internacional, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, estuvo en Argentina y señaló que su país presenta un panorama de recrudecimiento de la crisis de derechos humanos.
Los agentes de seguridad responden con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas. Algunos de los críticos al régimen de Nicolás Maduro son objeto de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas con el aval del sistema judicial. El gobierno reconoció que desde 2015 se registraron 455 casos de desaparición forzada, que en su mayoría no se habían resuelto. Además, persiste la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que siguieron cometiendo las fuerzas de seguridad.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas represivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad.
“La jurisdicción universal es un gran mensaje para los países con un sistema judicial debilitado, como es el venezolano. Un buen paso internacional es poder presentar casos en los tribunales de otros países para apoyar a las víctimas que no logran ser escuchadas y conseguir justicia”; indicó Marcos Gómez, director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela durante el panel de presentación del informe. Encabezó el evento junto a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.