Amnistía Internacional (AI) publicó este miércoles su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, correspondiente al año 2023, en el que denuncian que, en el caso de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro aplica la desaparición forzada, la detención arbitraria y la tortura como mecanismos para perseguir a la disidencia.
En el documento, de más de 490 páginas, la organización denunció que en Venezuela continúa «la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos».
En este sentido, AI determinó que «el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad», puntualizando que, según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias.
Quienes critican al régimen de Maduro son «objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad».
«La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno», denunció AI.
Destacaron que, según la organización de derechos humanos Foro Penal, aproximadamente 9.000 personas estaban sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política, pasados o en curso.
Amnistía Internacional también documentó que «las autoridades continuaron restringiendo la participación política. La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue al parecer inhabilitada para presentarse a la presidencia en las elecciones que iban acelebrarse posteriormente».
Asimismo, el espacio de la sociedad civil siguió «constantemente bajo ataque», destacando la prretensión de aprobar un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación.
También se resaltó la intervención de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que designó una junta directiva ad hoc, y la detención arbitraria de Roberto Abdul, presidente de la ONG Súmate.
