Amnistía Internacional (AI) alertó que la recién aprobada ‘Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro’ busca castiga la defensa de los derechos humanos en Venezuela.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional denunció que «la ‘ley anti-ONG’ viola flagrantemente los derechos de asociación y participación en asuntos públicos, entre otros».
«Es una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro contra quienes luchan por los derechos humanos en Venezuela. La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente ilegalizarlas de forma masiva», advirtió.
Amnistía Internacional sostuvo que es evidente que esta ley, como otras que buscan asfixiar el espacio cívico, forma parte de la política de represión de las autoridades venezolanas que pretende callar a quienes vienen denunciando desde hace años las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura sistemáticas por parte del régimen.
Piquer resaltó que “en la presente crisis postelectoral, las organizaciones de derechos humanos han liderado la denuncia de las decenas de muertes y miles de detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas críticos al gobierno de Nicolás Maduro, y han seguido prestando ayuda humanitaria y acompañamiento comunitario en zonas de alta vulnerabilidad».
En este sentido, apuntó que «la pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro».
Destacó, además, que «la aprobación de esta ley se suma a los mecanismos de persecución política que ya investiga el Fiscal de la Corte Penal Internacional”.
