Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el uso de «fuerza excesiva» por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela contra las protestas para exigir derechos sociales y económicos, manifestaciones que han sido disuadidas con «medidas represivas», según la organización.
En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la «mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada«, de acuerdo con los datos condensados para este balance, el cual está alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales.
Pese a que el número de «manifestaciones multitudinarias» para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, prosigue el escrito, «las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos».
«Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro», sostiene el informe.
AI remarcó que la «negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua», lo que motivó gran parte de las protestas comunitarias que se sumaron al total de 7.032 manifestaciones de 2022, «muchas» de la cuales terminaron con «represión y detenciones arbitrarias».
Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.
Asimismo, el escrito denuncia la persistencia de la impunidad en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, afectaciones en los derechos de los pueblos indígenas -debido, entre otras razones, a la explotación minera por parte del Estado-, así como una persecución contra activistas y defensores de DDHH.
«La práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos», añadió el informe. EFE
