La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, reconoció que comprende el temor generado por los operativos migratorios de ICE, pero afirmó que la ciudad no tiene facultades para impedir las acciones de los agentes federales.
La intensificación de los operativos ha tenido un impacto económico y social en esta comunidad del sur de Florida, con una importante población venezolana. Empresarios reportan una fuerte caída de clientes y trabajadores que han abandonado sus empleos por temor a ser detenidos.
Katia Rios, propietaria de Pipo Burgers, aseguró que las ventas de su negocio cayeron 70 % porque «la gente tiene miedo de salir». En otro restaurante, Angélica Yepez afirmó que pasó de tener siete empleados a solo uno después de que seis trabajadores dejaran sus puestos por temor a ser detenidos, pese a tener, según explicó, solicitudes de asilo pendientes.
Fraga señaló que las autoridades municipales no reciben aviso previo sobre los operativos de ICE. «No podemos impedir que los agentes federales de ICE entren a las ciudades y realicen sus operaciones», afirmó. Añadió que la alcaldía mantiene llamadas y conversaciones con autoridades para atender las preocupaciones de empresarios y residentes.
El impacto también alcanza a las familias. Algunos residentes han optado por mantener a sus hijos en casa y recurrir a clases virtuales, mientras videos de operativos y detenciones circulan en redes sociales.
Ante esta situación, organizaciones comunitarias crearon un fondo de emergencia de hasta 1.000 dólares por familia para afectados por arrestos migratorios. Los recursos podrán destinarse a alquiler, alimentos, servicios públicos, cuidado infantil, pañales y medicamentos. El fondo no cubre representación legal, aunque también ofrecerá talleres sobre derechos migratorios y conexiones con organizaciones legales.
La situación ocurre después de que Doral aprobara su incorporación al programa 287(g), que permite a determinados agentes locales ejercer funciones migratorias limitadas. El acuerdo fue aprobado por unanimidad, aunque funcionarios han señalado que los policías todavía no habían recibido la capacitación necesaria para realizar ese tipo de detenciones.
El concejal Rafael Pineyro, republicano y único miembro venezolano-estadounidense del Concejo Municipal, pidió diferenciar entre personas acusadas de delitos y familias con procesos migratorios pendientes. «Tiene que haber una diferenciación entre los criminales (…) y las familias con procesos pendientes», afirmó.
El incremento de las detenciones y el temor entre trabajadores y consumidores ha comenzado así a reflejarse tanto en la actividad comercial como en la vida cotidiana de una de las principales comunidades venezolanas del sur de Florida.
