El Consejo Nacional de Universidades (CNU) el pasado martes 17 de agosto una Normativa Nacional de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria y Educación Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), a pesar de no contar con el voto favorable de los rectores de 10 de las principales universidades del país que forman parte de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu).
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ULA) advirtió que este reglamento trasgrede la autonomía académica y es inaplicable en las actuales circunstancias, donde las instituciones de educación superior no tienen presupuestos, TIC ni suficiente personal capacitado debido a la miseria salarial.
La normativa, que aún no ha sido publicada en Gaceta Oficial, consta de 40 artículos y tiene por objeto “normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria en la República Bolivariana de Venezuela”, según indica su artículo 1.
Sin embargo, esta función ya constituye una contrariedad a lo establecido en la Constitución nacional y Ley de Universidades, donde la autonomía académica implica que las instituciones de educación superior tienen la potestad de “planificar, organizar y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines” (artículo 9).
Deberes sin recursos
Las autoridades universitarias que salvaron sus votos en la sesión del CNU donde finalmente se aprobó esta normativa, señalaban que la misma incluye responsabilidades y objetivos que deben cumplir las universidades, establecidas como si estas tuviesen el presupuesto, los equipos tecnológicos y el personal académico, administrativo y técnico necesario para poder cumplirlos.
Por ejemplo, el artículo 14 señala: “Para gestionar programas de formación mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las Instituciones de Educación Universitaria deben contar con estructuras interconectadas, concebidas como redes de gestión académica, administrativa y tecnológica con funciones y responsabilidades compartidas y con personal especializado, que garantice la puesta en marcha de la planificación, organización, seguimiento y apoyo académico, metodológico y técnico”.
Las universidades públicas del país están desmanteladas, sin presupuesto y con un éxodo creciente de personal debido a la precariedad salarial que el régimen aplica como parte de su política de Estado para asfixiar a las instituciones de educación superior autónomas, destacó el Observatorio de la ULA.
«Plantear como deber que las universidades cuenten con estructuras interconectadas que funcionen como redes de gestión académica, administrativa y tecnológica resulta incluso cínico por parte del Ministerio de Educación Universitaria, cuyas autoridades presentaron la referida normativa«, señaló.
Tecnología obsoleta y dañada
El artículo 19, por su parte, dice que “las Instituciones de Educación Universitaria autorizadas, suministrarán a las y los docentes la infraestructura e infoestructura académica, tecnológica y administrativa, que facilite el cumplimiento de sus actividades en la Educación Universitaria Mediada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así como, la asistencia técnica oportuna y permanente para la solución de problemas que pudieran presentarse con el uso de las tecnologías”.
Ninguna universidad pública del país cuenta infraestructura ni infoestructura actualizada, por falta de presupuesto y porque cuando aún había, el gobierno de Hugo Chávez emitió el 24 de marzo de 2009 el Decreto Presidencial N° 6.649, que estableció como gastos superfluos la adquisición de equipos y plataformas tecnológicas, así como de servicios de telefonía celular, de discado directo internacional y el uso de Internet.
Además de la obsolescencia de las TIC en las universidades públicas venezolanas, las constantes fallas en el servicio eléctrico han causado daños en los pocos equipos que quedan.
