En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un grupo de activistas venezolanas protestó este martes frente al Congreso argentino para exigir la liberación de más de 180 presas políticas que se encuentran actualmente secuestradas por el régimen de Nicolás Maduro.
Bajo la consigna “Ellas no están solas”, las manifestantes exhibieron pancartas con fotografías de mujeres encarceladas por motivos políticos, que sufren violaciones sistemáticas de derechos humanos. La manifestación tuvo réplicas simultáneas en Caracas y otras ciudades del mundo.
La secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), Elisa Trotta, advirtió que “las presas políticas en Venezuela viven en hacinamiento, sin condiciones mínimas de dignidad. Sufren torturas, tratos inhumanos, aislamiento y hostigamiento. Frente a estos crímenes, ONU Mujeres y el mundo democrático no pueden callar. ¡Basta de mirar para otro lado y hacer silencio cómplice!”, reclamó.
Trotta destacó que algunas mujeres han sido detenidas por el simple hecho de ser familiares de disidentes, como el caso de Samantha Sofía Hernández Castillo, de 16 años, secuestrada la semana pasada en Caracas por agentes del régimen que la sacaron a la fuerza de la casa de sus abuelos. La adolescente es hermana del teniente Christian Hernández Castillo, militar rebelde en el exilio. “Esta práctica de secuestrar a familiares de disidentes es conocida como ‘Sippenhaft’, un método de persecución nazi que ahora aplica el chavismo, que ha sido documentado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU”, afirmó.
Resaltó que entre las más de 180 presas políticas hay “activistas, madres, estudiantes, defensoras de derechos humanos, adultas mayores y adolescentes, que son víctimas de la violencia de un Estado que persigue y oprime a todo el que piensa distinto”.
Mencionó los casos de las defensoras de derechos humanos Rocío San Miguel y Nélida Sánchez, quienes acumulan más de un año detenidas en el centro de torturas de El Helicoide, en Caracas. También recordó la situación de las dirigentes opositoras Dignora Hernández y María Oropeza, secuestradas por el SEBIN durante las elecciones presidenciales de 2024.
Arelis Naranjo, miembro de la ONG Alianza por Venezuela, denunció que “las presas políticas sufren falta de agua, malnutrición, falta de atención médica. Muchas no tienen acceso a atención ginecológica ni a insumos para gestionar su menstruación. Su salud es vulnerada cada día dentro de las cárceles venezolanas. Esto también es violencia y una violaciones a sus derechos fundamentales que pone en riesgo su integridad y su vida”.
La movilización contó también con la presencia de María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien ya lleva más de once meses detenido arbitrariamente en Venezuela. Gómez afirmó que “las madres, esposas e hijas de los presos políticos también son víctimas en Venezuela, pues muchas son obligadas a desnudarse antes de visitas, las maltratan o las ignoran cuando van a buscar información o quieren entregar insumos esenciales para sus familiares.
