La organización no gubernamental Acceso a la Justicia consideró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) concretó el cierre de la emisora Radio Caracas Radio 750AM al rechazar todos los alegatos presentados por la directiva para que Conatel no cerrara al medio de comunicación radial más antiguo del país.
«El anuncio de RCR se produjo a casi 4 meses de que el máximo juzgado rechazara el recurso que los accionistas de la emisora le presentaron en agosto de 2019 contra la decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que meses antes le había arrebatado la frecuencia radioeléctrica que explotaban desde hacía nueve décadas«, indica una publicación de Acceso a la Justicia.
Esto declaró al respecto la Sala Político Administrativa en su sentencia n.º 268 del 13 de abril de 2023:
«La concesión es un acto administrativo unilateral mediante el cual el órgano rector o la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según sea el caso, otorga o renueva sea a una persona jurídica o a un particular su condición de concesionario para hacer uso y explotación de una porción del espacio radioeléctrico, destacándose además que tal condición de titular de una concesión no implicará que, ante la solicitud de renovación, ostente un derecho subjetivo o de preferencia a que la misma le sea otorgada».
Destaca la ONG que «en el fallo redactado por la magistrada Bárbara César se rechazaron todos los alegatos esgrimidos por RCR, pero fueron particularmente llamativos los argumentos dados por el máximo juzgado para refutar la denuncia sobre la violación al derecho fundamental a la libertad de expresión«.
«No puede hablarse de violación a la libertad de expresión de la demandante, sino de la falta de autorización administrativa para realizar una actividad sujeta a tal requisito, lo cual lejos de considerarse violatorio del mencionado derecho, obedece a una de las limitaciones a que alude la Constitución al consagrarlo en su artículo 57«, asegura la ONG.
Agrega que «el hecho de que la accionante no pueda usar el espectro radioeléctrico a través de la radiofrecuencia que le había sido otorgada no implica que no puedan seguir ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, manifestando sus ideas, opiniones, informaciones y demás contenidos, mediante otros medios de comunicación (sentencia de esta Sala Nro. 0763 del 23 de mayo de 2007)».
La organización aseveró que lo establecido en el numeral 3 del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contraviene con lo expuesto por el ente judicial, el cual señala expresamente:
«No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones».
«Esto casi fue la misma respuesta que dio el TSJ al señalamiento de la emisora de que la decisión gubernamental había afectado su derecho a la propiedad privada y al ejercicio de la actividad económica», agrega Acceso a la Justicia.
Jaime Nestares: «es una decisión difícil y dura»
Desde que en 2019 el Gobierno de Nicolás Maduro declárese la extinción de la concesión de RCR, la emisora venía emitiendo su programación por internet, toda una hazaña en un país que en 2019 vivió un apagón que dejó al grueso de sus habitantes sin electricidad durante días o que cuenta con la peor conectividad de la región.
Tras el anuncio del cierre de RCR realizado el 30 de junio -apenas 3 días después del Día del Periodista en Venezuela-, el gerente general de RCR, Jaime Nestares, admitió que «lo que estamos haciendo es una decisión difícil y dura, pero no definitiva» y aseguró que la emisora «está abocada a volver, en abierto, porque estamos preparados; o bien para encontrar una alternativa que nos haga regresar pronto».
El directivo explicó que la medida fue impulsada debido a que el actual modelo de operación, con transmisiones exclusivas por Youtube, no era económicamente viable. «El tema es que las dificultades que estamos viviendo en los últimos meses nos lleva a pensar que algo viene y no es serio, responsable ni éticamente correcto hacer correr riesgos ni a activos ni mucho menos a las gentes que trabajan con nosotros», recalcó.
Con información de Acceso a la Justicia
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