Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó en qué consiste el decreto Nro. 4.610 emitido por Nicolás Maduro contenido en la Gaceta Oficial Nro. 42.125, de fecha 12 de mayo de 2021. En el mismo se ordena que las personas que se encuentran detenidas en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es decir, los presos políticos, sean trasladadas a las instalaciones bajo la competencia del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
“Esta decisión de pasar los detenidos del Dgcim y del Sebin, obedece a una política que tiene el gobierno de tratar de aparentar que respeta los derechos Humanos”, expresó Daniels.
“En el caso del Dgcim hay que recordar que la misión de determinación de hechos determinó que era un sitio de tortura, donde se estaban cometiendo abusos contra los detenidos e incluso detalló las maneras en la que son tratados los detenidos y de las formas de tortura que allí se están aplicando. Por otra parte, en el caso del SEBIN tenemos testimonios de varios presos políticos que señalan que en esas sedes también se cometen abusos y torturas, lo que fue confirmado también por la misión de Determinación de Hechos”.
“Estas medidas tratan de aparentar que se tiene un respeto por las formas, pero en el fondo se sigue manteniendo la injusticia de que unas personas que no han cometido delitos y que cuya causa de encarcelamiento es la persecución sigue siendo injustamente detenida. A un detenido que lo saquen de “La Tumba” o lo saquen de un centro que ha sido señalado como centro de torturas es, por supuesto, algo positivo. Pero si la persona está siendo detenida por ser opositor al Gobierno, lo que cabe no es el cambio de custodio, sino su liberación porque no ha cometido ningún delito“, insistió.
Daniels aseveró que “esto se debe, y es lo sorprendente del decreto, a que la competencia con respecto a personas detenidas es de dicho ministerio, como que si el día anterior esto hubiera sido diferente. Esto demuestra, una vez más como la arbitrariedad respecto a la detención de las personas se mantiene incluso con los órganos que mantienen bajo su custodia a las personas detenidas”.
“Independientemente del sitio donde sean trasladados los presos políticos, seguirán siendo presos políticos con independencia en su sitio de detención porque estos presos políticos no son nuevos por haber cometido algún delito sino simplemente por haber mostrado oposición al Gobierno”, agregó.
Insiste en que “lo que cabe no es el traslado de estar personas sino su libertad en la medida en que son sujeto de persecución por parte del Gobierno”.
“Aunque sean traslados a centros penitenciarios donde están presos comunes, se les debe garantizar tantos a los presos como a los presos políticos, las condiciones mínimas que les permitan tener derecho al servicio de la salud y a tener una vida en condiciones que sean compatibles con la dignidad humana. Algo que no se garantiza en estos momentos para ninguno de los dos. Más allá del cambio de custodios se necesita un sistema penitenciario que respete los Derechos Humanos“, recalcó el director de Acceso a la Justicia.
