Luego de la propuesta realizada por los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula de Silva, de Colombia y Brasil, respectivamente, sobre una serie de garantías políticas y en derechos humanos que deberían cumplirse posteriormente a las elecciones del 28 de julio de 2024, 90 organizaciones sociales y de derechos humanos de Venezuela expresaron su opinión sobre cuáles deberían ser las condiciones a cumplirse para posibilitar una transición a la democracia en el país.
Mediante un comunicado, las organizaciones expresan que «a diferencia de quienes han planteado que las elecciones venezolanas no necesitan ‘injerencias externas’, las organizaciones firmantes reivindican el acompañamiento internacional, tanto en Misiones de Observación Electoral con protocolos técnicos e independientes, como en las diferentes dimensiones de la recuperación de la institucionalidad democrática en el país, que incluye especialmente la investigación y sanción de violaciones de derechos humanos».
También ratifican que «la no discriminación, especialmente por razones ideológicas, es una de las esencias de la democracia. Todas las formas de activismo político, enmarcados en la Carta Magna, incluyendo las opciones que quieran seguirse denominando como ‘bolivarianas’ o ‘chavistas’, quedarán protegidas por la reinstitucionalización de la democracia en Venezuela y por las garantías para el ejercicio y disfrute del conjunto de sus derechos humanos, inclusive de los derechos civiles y políticos».
A continuación, el comunicado completo:
