Un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), en alianza con el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y Aula Abierta, revela la precaria situación en la que viven docentes, trabajadores administrativos, técnicos y obreros de la ULA, con énfasis en quienes son adultos mayores.
Dividido en cuatro partes, el informe titulado Situación humanitaria de los adultos mayores en la Universidad de Los Andes detalla la progresiva disminución de las tablas salariales, el deterioro de la asistencia sanitaria que la institución ofrece a sus trabajadores, el impagable costo de los servicios funerarios y las consecuencias e impactos que esta situación ha tenido en la vida de quienes se hicieron ancianos sirviendo a la ULA. Sus testimonios humanizan los datos que consolida esta investigación.
El engaño salarial
El artículo 91 de la Constitución nacional establece que toda persona tiene a percibir “un salario que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. En Venezuela esto no se cumple desde hace por lo menos seis años, cuando el país entró en la Emergencia Humanitaria Compleja en la que aún se mantiene, según las propias consideraciones de organismos internacionales de derechos humanos.
Con el nuevo aumento salarial decretado por el régimen de Maduro el pasado 3 de marzo de 2022, el cual violó cláusulas de la IV Convención Colectiva Única de los trabajadores universitarios, el mayor sueldo para este sector quedó en el equivalente a unos 118 dólares mensuales, que cobrarían los profesores titulares. El sueldo más bajo, que percibe un obrero grado I, equivale a 29 dólares al mes, al cálculo promedio de 4,40 bolívares por dólar estadounidense.
El costo de la canasta alimentaria mensual en Venezuela para febrero de 2022 se ubicó en 353 dólares, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF). El sueldo más alto de un universitario está aún muy por debajo de ese monto, representando apenas el 33% de lo necesario para comer durante un mes.
De acuerdo con la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), citada para esta investigación, el salario del sector universitario comenzó a decaer en el año 2003, cuando arbitrariamente dejó de aplicarse la ley de Tablas de Homologación. “Para el 2020 ya había perdido el 99% de su valor”, señala el informe.
Sin asistencia médica ni seguridad social
Antes de que el gobierno comenzara a implementar su política de asfixia presupuestaria a las universidades públicas del país, el personal universitario contaba con una cobertura amplia para sus necesidades de salud, garantizada a través de planes ejecutados por institutos de previsión social, gremios y sindicatos.
“Actualmente son prácticamente inexistentes los beneficios laborales para la protección de la salud y se agrava por la crisis actual del sistema de salud pública y los altos costos de la salud privada”, explica el informe, donde se precisa que desde el año 2012 las universidades dejaron de recibir los recursos destinados a hospitalización, cirugía y maternidad.
En 2017 el régimen implementó el Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria (SISMEU). Luego de que por más de cuatro años su cobertura por debajo de 3 dólares, en febrero de este año se informó sobre su actualización a la comunidad universitaria, mediante un mensaje de Whatsapp. La cobertura actual, supuestamente, es el equivalente a unos 2.138,20 dólares para hospitalización, cirugía y maternidad, cerca de 1.069 dólares para atención médica en casos de COVID-19 y 802 dólares para servicios funerarios.
Sin embargo, esas cantidades no solo siguen siendo insuficientes, sino que apenas indicaron cuatro direcciones de correo electrónico para obtener información sobre cómo poder acceder a estos servicios. El ODH-ULA escribió a uno de ellos y no obtuvo respuesta.
Para marzo de 2022, según datos de la Dirección de Servicios de Información Administrativa de la Universidad de Los Andes (DSIA-ULA), la ULA cuenta con 5.764 trabajadores jubilados, distribuidos así: 2.251 profesores; 2.333 del personal administrativo y técnico y 1.180 del personal obrero. Son estas personas, más los trabajadores activos de la tercera edad, quienes más sufren la precariedad salarial que viven las universidades públicas del país.
