El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 2.677 protestas durante los primeros cuatro meses de 2022. Esta cifra representa un incremento de 28% en comparación con el mismo lapso de 2021. En promedio se registraron unas 22 protestas diarias en todo el país.
La profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja persiste y afecta a la mayoría de las personas que habitan en Venezuela, sobre todo a los más pobres y con mayor fuerza a grupos vulnerables, en especial a mujeres, niños, adultos mayores y comunidades indígenas.
Los venezolanos continúan en las calles de manera pacífica exigiendo a las autoridades del país respuestas que permitan garantizar una vida digna. Durante el primer cuatrimestre de 2022, más de 70% de todas las manifestaciones y exigencias ciudadanas fueron por Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca).
Los trabajadores continúan en las calles
Los derechos laborales lideraron el índice de manifestaciones en estos cuatro meses, con 1.012 en total. En los últimos años este lugar lo ocupaban las protestas por servicios básicos.
Los trabajadores realizaron diversas acciones rechazando un salario mínimo que hasta principios de año era equivalente a dos dólares al mes y que en marzo fue ajustado a 25 dólares, cifra insuficiente en el contexto económico del país, plasmando un ejemplo del drama que viven los trabajadores venezolanos que sobreviven con menos de un dólar al día.
Por otra parte, el OVCS registró 659 manifestaciones por servicios básicos con reclamos habituales por fallas en el suministro de agua potable, gas doméstico y electricidad. Además, se le sumaron otros servicios como recolección de desechos sólidos y aguas servidas, telefonía móvil e internet.
En el contexto de derechos políticos hubo 519 protestas durante los primeros cuatro meses.
El estado Lara registró el índice más alto de manifestaciones con 361, seguido de Bolívar (349) y Anzoátegui (187).
Fueron reprimidas o impedidas 32 protestas pacíficas en 10 estados del país, un dato que representa una disminución de13% en comparación con los primeros cuatro meses de 2021. Se destaca que en este lapso no se registraron muertes en el contexto de las manifestaciones.
Este decrecimiento en el comportamiento represivo de los representantes de cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados tiene que ver en gran medida con las investigaciones, monitoreo y documentación que actualmente realiza las Naciones Unidas, a través de la presencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, También la Corte Penal Internacional (CPI). Demostrando que la represión sistemática que se registra en Venezuela es una política de Estado.
