El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció que los ataques contra las Organizaciones No Gubernamentales y los defensores de derechos humanos incrementaron un 131% en el primer trimestre de 2023, con respecto al mismo período de 2022.
Durante el primer trimestre de 2023 se profundizó el cierre del Espacio Cívico y Democrático. El Estado venezolano continuó agrediendo a quienes se encuentran en primera línea de acción, respondiendo a la crisis de derechos humanos.
Los avances legislativos de dos proyectos de ley destinados a regular y controlar el trabajo de la sociedad civil derivaron en un aumento de las agresiones en contra de las organizaciones de derechos humanos.
Entre enero y marzo de 2023 se registraron 226 nuevos hechos que comprometen y afectan el derecho a defender, lo que representa un incremento del 131% en relación al mismo período en el año 2022 cuando se registraron 98 situaciones.
Durante el trimestre, el CDJ documentó la continuidad de los discursos y campañas de desprestigio y la estigmatización, señalando a las organizaciones no gubernamentales de ser terroristas, agentes desestabilizadores y traidores, siendo la principal forma de agresión y un elemento que acompaña la materialización de otro tipo de agresiones como las amenazas y los actos de hostigamiento e intimidación.
Desde los más altos niveles del régimen se descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, pretendiendo vincularlas a actividades delictivas, la desestabilización y atentar contra la paz del país; así como también se busca asociarlas a partidos políticos de oposición, con el fin de cuestionar su independencia.
A través de distintos medios persistieron este tipo de acusaciones y expresiones de odio, con el fin de criminalizar una labor legítimamente reconocida por el derecho internacional. Destacando que las mismas se emitieron como parte de una estrategia comunicacional para justificar la necesidad de controlar el trabajo y actividades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos.
Los 226 ataques e incidentes de seguridad documentados reflejan entre los principales patrones de agresión y amedrentamiento, caracterizándose por la estigmatización (141), intimidación y hostigamiento (51), amenazas (30), ataques digitales (3) y detención arbitraria (1)
Ley Anti-ONG
En el primer trimestre del año se caracterizó por el avance de dos propuestas normativas que amenazan el espacio cívico y democrático: el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y afines y el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
Ambas normas constituyen los avances más recientes del régimen de Nicolás Maduro en la profundización del cierre del Espacio Cívico y Democrático. Ponen en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación y sus actividades de denuncia, defesa y exigencia de derechos.
Reiteramos que el articulado de los textos, conocidos extraoficialmente, se caracteriza por estar compuesto de disposiciones altamente restrictivas y punitivas del derecho a la libertad de asociación y en consecuencia al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al ser violatorio de derechos humanos.
