Las elecciones generales del pasado 7 de noviembre en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega para un quinto mandato con sus principales contendientes en prisión, presentaron 2.031 anomalías, según un informe divulgado este martes por el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas.
La coacción del voto, la retención temporal de dos periodistas mientras cubrían la jornada, violencia política, detenciones arbitrarias, asedio focalizado e intimidaciones, fueron algunas de las anomalías, según el informe realizado por Urnas Abiertas en colaboración con otras cinco redes ciudadanas.
”Los elementos legitimadores de un proceso íntegro fueron conculcados de manera sistemática y, por lo tanto, estas elecciones viciadas de origen y carentes de credibilidad no podían ser consideradas legítimas”, señaló el observatorio.
Las anomalías fueron detectadas en 128 de los 153 municipios de Nicaragua, un 90% reportadas por observadores “clandestinos” en el terreno, y un 10% por denuncias compartidas por ciudadanos a través de un chatbot habilitado por Urnas Abiertas para dicho fin.
Entre los hallazgos más graves estuvieron las “detenciones arbitrarias” de 35 personas, incluyendo a tres mujeres indígenas, indicó Urnas Abiertas. Además, dos periodistas del medio digital Masaya al Día fueron detenidos mientras cubrían las votaciones y liberados horas después.
Los datos fueron obtenidos con base en 1.450 personas que realizaron una labor encubierta en 563 de los 3.106 Centros de Votación, más una cantidad no revelada de informantes anónimos, anotó el observatorio.
Urnas Abiertas confirmó que el abstencionismo en las elecciones alcanzó “el 81,5%” de los más de 4,4 millones de votantes, frente al 18,5% que sí acudió a las urnas, es decir, unos 814.000 ciudadanos.
Los observadores encubiertos reportaron que el día de las elecciones el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hizo uso de vehículos del Estado en al menos 895 ocasiones.
También que en 525 Centros de Votación no se respetaron las normas de prevención de la covid-19, se registraron 285 casos de violencia política, 155 centros electorales con propaganda oficialista, entre otras anomalías.
