El senador republicano de EEUU, Jim Risch, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió una carta al Contralor General de los Estados Unidos, Eugene Dodaro, solicitando que la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) proporcione una evaluación del alcance de la amenaza de la red criminal transaccional dentro y desde Venezuela.
También solicitó una revisión de la efectividad de las acciones de políticas y autoridades del Gobierno de los Estados Unidos para combatir estas amenazas criminales desde el régimen de Nicolás Maduro.
El informe detalla que «en julio de 2009, la GAO emitió un informe en respuesta a una solicitud del miembro de rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Richard Lugar, con respecto a una investigación sobre las políticas estadounidenses diseñadas para prohibir el tráfico de narcóticos desde Venezuela».
«En sus conclusiones, la GAO señaló que la falta de cooperación venezolana contra el narcotráfico obstaculizó significativamente la capacidad de Estados Unidos para detener los flujos de narcóticos hacia los Estados Unidos, y que es probable que el continuo refugio seguro y el apoyo de Venezuela a los grupos armados ilegales amenacen los avances en seguridad logrados en Colombia. desde 2000. Desde entonces, las acciones del régimen de Maduro han empeorado mucho la situación», agrega.
Continúa detallando que «en mayo de 2019, un estudio de IBI Consultants y la Universidad de Defensa Nacional describió a un gobierno venezolano que se había transformado en una vasta empresa criminal que se extendía por todo el mundo y estaba involucrado en ventas de petróleo falsificadas, minería ilegal, proyectos de infraestructura fraudulentos y delitos financieros. Según el estudio, esta red criminal pudo haber robado hasta $ 43 mil millones entre 2007 y 2018, con la ayuda de los líderes políticos de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Surinam y El Salvador».
“En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EEUU anunció acusaciones contra 15 funcionarios venezolanos actuales y anteriores, incluido el ex presidente Nicolás Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, por presunta colaboración con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para usar cocaína como arma para ‘inundar’ Estados Unidos. Al anunciar los cargos, el fiscal federal Geoffrey S. Berman dijo que el alcance y magnitud del presunto narcotráfico fue posible sólo porque Maduro y otros corrompieron las instituciones de Venezuela y brindaron protección política y militar a la narco-delitos de terrorismo descritos en nuestros cargos«, recalca el informe.
