La relatora de la ONU contra la tortura, Alice Jill Edwards, urgió este miercoles a Estados Unidos a reconsiderar su decisión de transferir bombas de racimo a Ucrania, un armamento prohibido por la Convención de Oslo de 2008, aunque ninguno de los dos países son Estados parte.
Jill Edwards advirtió en un comunicado que este tipo de armamento, que causó al menos 1.172 muertos en el mundo el pasado año, «puede causar daños graves e indiscriminados a los civiles, tanto ahora como en el largo plazo».
La relatora australiana ya había lanzado esta petición en una misiva privada al Gobierno estadounidense en julio, poco después de que Washington anunciara su intención de transferir ese polémico armamento a Ucrania en su guerra contra Rusia, aunque hoy ha hecho pública esa solicitud, después de no recibir ninguna respuesta de EEUU.
«Pido al Gobierno de EEUU que muestre liderazgo en este campo», afirmó la relatora, subrayando que «las necesidades militares no pueden anteponerse a los derechos humanos» y recordando que las bombas de racimo «están prohibidas en mas de cien países».
Este armamento ha sido utilizado tanto por Rusia como Ucrania en el conflicto entre ambos países.
Según un reciente estudio del la Coalición contra las Municiones en Racimo (CMC), que lidera la campaña para que más países suscriban la Convención de Oslo, la guerra de Ucrania multiplicó por ocho las víctimas mortales de este armamento en 2022 con respecto a 2021.
Un 95 % de las víctimas de estas bombas de racimo son civiles, alertó el estudio, que también subrayó que un 71 % de los muertos o heridos por accidentes relacionados con restos de este armamento son niños.
Los ataques con bombas de racimo, por tierra o aire, dispersan múltiples submuniciones o minibombas en una amplia área, y muchas de ellas no explotan en el impacto inicial, dejando restos que pueden causar muertes y heridas durante largo tiempo y de forma indiscriminada, de manera similar a las minas antipersona.
Potencias como Estados Unidos, Rusia, China, India o Brasil siguen sin adherirse a la Convención de Oslo y continúan formando parte del grupo de 16 naciones que aún producen este tipo de armamento, situación que se repite incluso entre países de la Unión Europea como Polonia, Rumanía y Grecia. EFE
