El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron la entrada al país al sacerdote nicaragüense Jairo Antonio Mercado Pavón, quien regresaba tras participar en un viaje pastoral por Estados Unidos, y así lo denunció la abogada e investigadora nicaragüense exiliada, Martha Patricia Molina.
Mercado Pavón estaba asignado a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús en la comunidad La Virgen, departamento de Rivas, en el Pacífico sur de Nicaragua, y antes estuvo a cargo de la parroquia Medalla Milagrosa en la ciudad de Camoapa, departamento de Boaco (centro), de acuerdo con la denuncia.
Ambas parroquias pertenecen a la diócesis nicaragüense de Granada, que dirige el obispo Jorge Solórzano, que no se ha referido a esa denuncia.
Según Molina, autora del estudio titulado ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, las autoridades nicaragüenses no ofrecieron ninguna explicación al sacerdote desterrado.
Al menos 19 religiosos nicaragüenses, entre ellos el obispo encarcelado Rolando Álvarez, el obispo exiliado Silvio Báez y otros 14 sacerdotes, han sido declarados traidores a la patria y despojados de su nacionalidad, según la IV entrega de dicho estudio, presentado el mes pasado por Molina.
Los 19 religiosos privados de su nacionalidad (2 obispos, 14 sacerdotes, 1 diácono y 2 seminaristas) forman parte de los 667 ataques que ha sufrido la Iglesia católica de Nicaragua por parte del Gobierno que preside Daniel Ortega en un período de 5 años y 4 meses.
Esos ataques, ocurridos entre abril de 2018, cuando estallaron unas manifestaciones antigubernamentales en ese país, y agosto de 2023, incluyen el arresto del obispo Álvarez, quien fue condenado en febrero pasado a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria, tras negarse a abandonar Nicaragua.
Según esa investigación, «151 religiosos han sido perjudicados por la persecución de la administración pública» de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a través del exilio forzado, destierros, prohibición de entrar a Nicaragua o expulsiones del país.
Entre ellos mencionó el caso del nuncio apostólico en Nicaragua, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, quien fue expulsado por el Gobierno sandinista en marzo del año pasado, y el del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien abandonó el país en 2019 por razones de seguridad y a petición del papa Francisco.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.
El papa Francisco tildó de «dictadura grosera» al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando «un desequilibrio de la persona que dirige» el país centroamericano.
EFE
