La acusación popular en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, rebajó la pena de cárcel que pedía para ella de 24 a 13 años por delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, de cara al futuro juicio que se celebrará con jurado popular.
En su escrito, conocido este lunes, la acusación popular modificó el texto que presentó anteriormente -en el que pedían hasta 24 años de cárcel para Gómez- y ahora pide 13 años de prisión para ella: dos años por tráfico de influencias, tres por delito continuado de malversación de patrimonio público y ocho por ese mismo delito, sin ser continuado, todo ello en una causa que investiga a la esposa de Pedro Sánchez por una cátedra que codirigió en una universidad pública.
Para la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, la acusación rebajó la petición inicial de 22 años de cárcel a 6.
Las acusaciones, lideradas por Hazte Oír (una asociación española de extrema derecha), presentan este escrito después de que el juez les trasladara la resolución de la Audiencia de Madrid, que avaló juzgar con jurado a Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
La acusación popular afirmó que Gómez asumió la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (institución pública y una de las universidades más prestigiosas de España) «sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento».
La acusan, además, de un delito de malversación por el «destino a usos privados» del trabajo de su asesora, pagada con fondos públicos.
La acusación popular pide, asimismo, que declaren en el juicio un centenar de testigos, entre ellos Pedro Sánchez, por «la utilización de la Moncloa -sede de la Presidencia del Gobierno y residencia del jefe del Ejecutivo- como ámbito relacional del proyecto» de Gómez.
También piden que declare el actual ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
El pasado 16 de julio, el juez había decidido que Gómez fuera juzgada con jurado popular por tráfico de influencias y malversación de patrimonio público, y sobreseyó otros dos delitos (apropiación indebida y corrupción en los negocios).
Además, decidió retirar las medidas cautelares, que consistían en la prohibición de salir del país, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial, por lo que se le devolverá el pasaporte. EFE
