La delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido por motivos de «salud pública» todas las manifestaciones convocadas para el 7 y el 8 de marzo, Día de la Mujer, una decisión inusual que estudian recurrir las organizaciones convocantes y que, por el momento, descartan replicar otras comunidades autónomas.
EFE
Las autoridades madrileñas han cogido con agrado el anuncio de la Delegación, pero no así las organizaciones convocantes, varias de las cuales han denunciado en las redes sociales que se vulnera su derecho de manifestación y han asegurado que «el movimiento feminista estará el 8 de marzo».
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que el año pasado tuvo que enfrentarse a una causa judicial -finalmente archivada- por no prohibir la multitudinaria manifestación que se celebró seis días antes de que se decretara el confinamiento por la pandemia, ha asegurado este jueves que actúa «en conciencia y con los datos sanitarios».
La Delegación ha analizado recorridos establecidos, previsión de asistencia, duración y lugares de celebración de los 104 actos en la calle comunicados para esos dos días, el 70 % vinculados a las celebraciones del Día de la Mujer.
«Y teniendo en cuenta las posibles confluencias de distintas concentraciones multitudinarias en varias zonas de Madrid se ha tomado la decisión firme de prohibir, por motivos de salud púbica, todas las manifestaciones y concentraciones convocadas», ha informado en un comunicado a primera hora de la mañana.
Franco ha precisado después que los actos prohibidos podrían haber reunido a más de 60.000 personas y que algunas de las marchas compartían itinerarios.
En las últimas semanas, la capital ha sido escenario de variadas manifestaciones. Incluso de negacionistas de la pandemia, y Franco ha asumido que su decisión puede acabar en los tribunales. Pero insiste en que «el problema no es cuántas se han prohibido, sino la acumulación» que se iba a producir en pocos días en la ciudad.
