La Procuraduría (Ministerio Público) de Colombia abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra el jefe de Despacho presidencial, Alfredo Saade, y los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo por presuntas irregularidades en el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes.
La entidad señaló en un comunicado que, en el caso de Saade, quien asumió el cargo hace solo dos semanas, se investiga si se extralimitó en sus funciones al dar instrucciones a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que racionalizaran la asignación de citas para expedir pasaportes.
Esta controversia fue precisamente la que llevó a Sarabia a renunciar la semana pasada a su cargo al frente de la Cancillería, que había asumido en enero.
La exfuncionaria consideró que Saade invadió sus competencias al revocar su decisión de prorrogar el contrato con la empresa encargada de fabricar los pasaportes, Thomas Greg & Sons, y al ordenar demoras en la asignación de citas.
La polémica con los pasaportes colombianos comenzó en 2023, cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió un contrato que Thomas Greg & Sons tenía desde hace 17 años para fabricar los documentos, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.
Para remplazar a esa firma, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia, que carece de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los pasaportes. Por eso Sarabia, antes de dejar el cargo, prorrogó por un año el contrato con Thomas Greg & Sons a partir del próximo 1 de septiembre.
Sin embargo, según reveló la excanciller en una reciente entrevista con la revista Cambio, Saade revirtió esa decisión y ordenó a su equipo en la Cancillería «demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el ‘stock’ de pasaportes que queda».
Falta de eficiencia
La Procuraduría, que el lunes pasado visitó la sede de la Cancillería a petición de Sarabia, indicó que ella y su antecesor Murillo «posiblemente no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso» de implementación del nuevo modelo de pasaportes.
En el caso de Murillo, el Ministerio Público agregó que habría hecho un uso indebido de la figura de «urgencia manifiesta», una medida que permite omitir algunos pasos del proceso de contratación habitual en situaciones excepcionales, como emergencias.
Esa declaratoria fue emitida en septiembre de 2024 y permitió firmar un contrato con Thomas Greg & Sons para que la empresa continuara asesorando el proceso de producción de pasaportes por 11 meses, mientras se realizaba la transición al nuevo modelo.
Además, la Procuraduría señaló que en abril pasado Sarabia ya sabía que el cronograma previsto para implementar el nuevo modelo era inviable debido a problemas en el proceso conjunto con la Casa de la Moneda de Portugal y a la falta de capacidad operativa de la Imprenta Nacional.
Como parte de las pruebas ordenadas en esta etapa de la investigación, la Procuraduría solicitó apoyo técnico a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, que deberá inspeccionar la Imprenta Nacional para determinar si realmente cuenta con la capacidad técnica necesaria para asumir la impresión, personalización y distribución de los pasaportes. EFE
