El presidente de Ecuador Guillermo Lasso aceptó la renuncia de Bolívar Garzón como director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) cuando apenas ha ejercido sus funciones durante 47 días.
Con información de Europa Press y EFE
La renuncia de Garzón se produce tras una nueva masacre en la Penitenciaría del Litoral donde han perdido la vida 68 personas y al menos otras 25 han resultado heridas.
Así, la Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador ha publicado en sus redes sociales un decreto en el cual se confirma que Lasso acepta la renuncia de Garzón y le agradece los servicios prestados.
El ya ex director general de SNAI asumió su cargo a finales de septiembre, cuando el país seguía conmocionado por otra masacre en la Penitenciaría del Litoral en la que casi 120 personas fallecieron.
Ahora el dirigente del servicio penitenciario ecuatoriano volverá a ser Fausto Cobo, quien ostentó la dirección general de SNAI hasta la llegada de Bolívar y que actualmente ejerce las funciones como titular del Centro de Inteligencia Estratégica, recoge el diario ‘El Universo’.
Otra renuncia
Lasso también aceptó la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Cabrera, quien dimitió tras la crisis carcelaria que atraviesa el país, agravada por la matanza, el sábado, de 68 reos en la penitenciaría de Guayaquil.
El gobernante suscribió este domingo un decreto en el que dice “aceptar la renuncia y agradecer por los diligentes y leales servicios prestados al país al Vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa en el ejercicio de sus funciones como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”.
La matanza del sábado ocurrió en la misma cárcel en la que el pasado septiembre hubo una masacre, que se saldó con la muerte de 118 reos.
Tras esa masacre, Lasso decretó el estado de excepción en el sistema penitenciario, medida que no ha conseguido detener la violencia en las cárceles.
Las autoridades presumen que los enfrentamientos entre los reos obedecen a disputas por territorios entre bandas presuntamente vinculadas con el narcotráfico.
