El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumplió este miércoles su promesa de convocar por decreto una consulta popular para que los ciudadanos decidan si aprueban la reforma laboral presentada por su Gobierno, iniciativas rechazadas por el Senado, lo que sus críticos consideran como una deriva al autoritarismo.
La fecha escogida no puede ser más simbólica pues en el Decreto 639 de 2025, el presidente dispuso que la consulta se hará el próximo jueves 7 de agosto, día en que cumple tres años en el cargo y comienza la cuenta atrás para el último año de su mandato.
La convocatoria de una consulta popular fue la herramienta encontrada por el mandatario para rescatar su reforma laboral, hundida por la Comisión Séptima del Senado en marzo, pese a que incluso destacados juristas han advertido que ese no es el camino porque el Ejecutivo no puede expedir decretos sobre asuntos que son competencia del Legislativo.
Para el investigador Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), «el decretazo es groseramente inconstitucional», además de «inconveniente e innecesario», una opinión que comparten muchos expertos y políticos principalmente de oposición.
Defensa del Estado social de derecho
El presidente presentó el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, las 12 preguntas que componen la consulta y que abordan temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud —incluidos los dolores menstruales—, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización, entre otros.
Sin embargo, la posibilidad de hacer una consulta popular también fue negada en mayo por el pleno del Senado, donde el oficialismo no tiene mayoría. Petro no aceptó esa decisión, la calificó de «fraude» y acusó a los legisladores de haber «hecho trampa».
Al expedir hoy el decreto de la consulta popular, Petro lo justificó como «una necesidad» para la construcción del Estado social de derecho, que comienza con la reforma laboral.
«La consulta es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy (…) esta consulta popular es absolutamente necesaria», manifestó en un discurso pronunciado ante una multitud congregada en la Plazoleta de San Francisco, en Cali, principal ciudad del suroeste del país.
El presidente añadió que la Constitución de 1991 «propuso un Estado social de derecho» en Colombia, pero le ha sorprendido que los dirigentes políticos, e incluso magistrados de las altas cortes, hablan solo de «Estado de derecho», un concepto de la Constitución de 1986 que rigió a Colombia durante la mayor parte del siglo XX.
En su opinión, el Congreso, a pesar de la Carta Magna de 1991, se ha preocupado por «construir un neoliberalismo que lo único que ha hecho es hundirnos en más violencia y lo único que ha hecho es hundirnos en más desigualdad social».
Demandas de la oposición
Sin embargo, la oposición que había amenazado con acudir a los tribunales contra el decreto de la consulta popular, ya empezó a presentar demandas.
«Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el presidente pretende pasar por encima del Congreso: el decretazo. Confiamos en la buena acción de la rama judicial en defensa de las instituciones», manifestó la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.
El expresidente Iván Duque (2018-2022) afirmó por su parte que Petro «ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes, pasando por encima de una decisión soberana del Senado de la República».
Duque añadió que la Organización Electoral tiene el «deber de negarse a convocar la consulta ilegal» y que las altas cortes deben rechazar, cuando lo estudien, «este acto arbitrario que pone en riesgo» la democracia. «Colombia no es una dictadura», dijo.
Incluso el exministro liberal Juan Fernando Cristo, que hasta febrero pasado fue titular de Interior en el gabinete de Petro, afirmó que el polémico decreto «desconoce la decisión del Senado frente a la consulta y la competencia de la rama judicial para revisar esa decisión».
«Es un decreto inconstitucional y una grave equivocación que fija un pésimo precedente para la separación de poderes en el país», sentenció.
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), crítica de la reforma laboral, aseguró por medio de su presidente, Jaime Alberto Cabal, que el Gobierno «ha dado un paso decisivo hacia la ruptura del orden constitucional».
«Con esta decisión, se consuma un golpe de Estado, liderado por Gustavo Petro y sus ministros, que rompe la separación de poderes, socava las reglas del juego democrático y coloca al país en una peligrosa deriva autoritaria», manifestó.
En la consulta, para que sea válida, tiene que votar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral pues, en caso contrario, el resultado no será vinculante aunque en cada pregunta el «Sí» obtenga la mayoría.
Como el censo electoral tiene 40.963.370 personas registradas, debe sufragar un mínimo de 13.654.456 ciudadanos y que la mitad más uno de los votos se exprese a favor de cada pregunta del Gobierno para ser aprobada. EFE
