El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió este sábado del cuartel militar del norte de la Ciudad de Guatemala, tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades y de que un juez le concediera el viernes la medida de arresto domiciliario.
«Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad», declaró Zamora Marroquín a decenas de periodistas tras cruzar a las 17.36 hora local, el portón de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.
Zamora Marroquín estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando fue acusado de un supuesto lavado de dinero en un caso que fue presentado por la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de actos de corrupción al entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).
«El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa, y si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento», añadió este sábado a las afueras de la prisión el fundador del extinto diario El Periódico.
Familiares del periodista acudieron a la prisión para recibir a su salida a Zamora Marroquín, de 67 años, a quien un juez otorgó el viernes el arresto domiciliario por considerar que se excedió el tiempo de prisión preventiva en su contra y por respeto a sus derechos humanos.
La defensa de Zamora Marroquín logró acreditar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia, por lo que el juez Erik García accedió a enviar al periodista a su casa bajo arraigo.
Zamora Marroquín es reconocido internacionalmente por una trayectoria de más de tres décadas denunciando la corrupción estatal de seis administraciones presidenciales de Guatemala.
En 2024, el periodista fue reconocido como el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.
Después de su liberación, Zamora Marroquín debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.
Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país centroamericano.
