El Panel de Expertos de la OEA presentó un comunicado para informar a la Fiscal de la CPI sobre la escalada en la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela en el contexto post-electoral del pasado domingo 28 de julio.
En el comunicado, resaltaron a la Fiscalía «las similitudes en el patrón de la violencia postelectoral que ocurre actualmente en Venezuela con los incidentes de ataque generalizado y sistemático contra civiles que han ocurrido en al menos desde el 12 de febrero de 2014 sobre los que el Panel informó en 2018 y que caen de lleno bajo la jurisdicción de la CPI».
«Entre el 26 y el 28 de julio de 2024, se produjeron 48 detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y un asesinato por miembros de colectivos que actuaban en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado. Cabe señalar que el día de las elecciones presidenciales, el 28 de julio de 2024, se produjeron graves irregularidades, como denunciaron ONG locales. El 29 de julio de 2024, después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara los resultados de las elecciones a favor de Nicolás Maduro, se produjeron varias protestas espontáneas en todo el país en rechazo a los resultados electorales», señalaron.
Agregaron que «estas manifestaciones fueron reprimidas de forma desproporcionada por las fuerzas de seguridad del Estado, que fueron captadas en grabaciones de vídeo cometiendo detenciones arbitrarias, malos tratos y otros actos inhumanos, disparos indiscriminados contra multitudes pacíficas y uso desproporcionado de la fuerza contra civiles».
«La situación se ha agravado rápidamente. El 1 de agosto de 2024, el Fiscal General de Venezuela informó de 1062 detenciones. Respetadas organizaciones no gubernamentales locales también han denunciado 43 casos de desaparición forzada y al menos 23 asesinatos. Además, el gobierno venezolano expulsó a siete representantes de estados miembros de la OEA».
Enumeraron que, «en este contexto, el Grupo insta respetuosamente a la Fiscal de la CPI, a que actúe de conformidad con su mandato de ayudar a poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional a que:
1. Emitir una advertencia a todos los posibles autores de crímenes contra la humanidad en Venezuela, haciendo hincapié en que tendrán que rendir cuentas por sus crímenes en virtud del derecho internacional.
2. Acelerar la emisión de órdenes de detención contra los principales responsables de estos crímenes, teniendo en cuenta los patrones recurrentes de violencia y la participación de autores conocidos de incidentes anteriores.
«La pronta intervención de la CPI es imprescindible para poner fin a la violencia actual», finaliza el comunicado.
