Un grupo de destacadas organizaciones de prensa de América Latina y el mundo emitieron este martes un comunicado conjunto en el que expresan su “grave preocupación” ante el creciente deterioro de la libertad de prensa en El Salvador, bajo el régimen de Nayib Bukele.
La declaración, suscrita por entidades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF), ARTICLE 19 y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), alerta sobre un “acelerado y sostenido patrón de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias” contra el periodismo independiente en ese país centroamericano.
Uno de los datos más alarmantes es el desplazamiento forzado de al menos 40 periodistas salvadoreños, documentado por la APES. Los comunicadores han tenido que abandonar el país debido al clima de persecución y amenazas, especialmente quienes investigan corrupción, abusos de derechos humanos y opacidad gubernamental. Este éxodo también ha alcanzado a defensores de derechos humanos y ha provocado una ola de autocensura en las redacciones.
“La salida masiva de profesionales de la prensa ha generado una profunda crisis de libertad de expresión y sembrado un clima de temor generalizado, afectando incluso a las familias de los periodistas exiliados”, denuncian las organizaciones.
Cesar la persecución
El comunicado también advierte sobre la aprobación reciente de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone restricciones severas a medios y organizaciones que reciben apoyo internacional. A juicio de los firmantes, esta norma “representa una amenaza directa a la libertad de prensa” y podría ser usada como herramienta legal de persecución contra quienes ejercen el periodismo crítico.
Las organizaciones firmantes exigen al régimen salvadoreño que cese de inmediato “toda forma de persecución, vigilancia o intimidación” contra periodistas, y que ofrezca garantías reales para su seguridad, incluyendo el eventual regreso de quienes se han visto forzados al exilio.
“El Estado salvadoreño debe aclarar públicamente las denuncias sobre listas de vigilancia y garantizar que no se están criminalizando voces críticas, como las provenientes del reconocido medio El Faro”, afirman.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la comunidad internacional a mantener la atención sobre la situación y a exigir respeto irrestricto a la libertad de prensa. “El respeto a los derechos fundamentales requiere una respuesta clara, urgente y comprometida”, sostienen.
