El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua denunció este martes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está desviando fondos públicos para financiar la represión política, tanto dentro del país como contra opositores que se encuentran en el exilio. El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, advierte que el Gobierno ha construido una red transnacional de vigilancia e inteligencia destinada a perseguir a críticos fuera de las fronteras nicaragüenses.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. Según el informe, la persecución política es financiada directamente por el Estado y ejecutada a través de sus instituciones, con el objetivo de garantizar que “nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”.
El documento, basado en decenas de entrevistas y abundante evidencia documental, detalla cómo desde 2018 la dictadura ha desviado recursos destinados a programas sociales, limpieza urbana y gastos operativos para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Parte de estos fondos habrían sido utilizados en la violenta “Operación Limpieza”, desplegada contra manifestantes en 2018.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló el experto Reed Brody, quien subrayó que la represión “no es improvisada”, sino estructurada y sostenida mediante un esquema de corrupción estatal.
Red transnacional de persecución
El informe también revela la existencia de una arquitectura transnacional de vigilancia, integrada por el ejército, la policía, autoridades migratorias, el ente regulador de telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del FSLN. Esta estructura habría sido utilizada para monitorear, intimidar y atacar a opositores en el extranjero mediante vigilancia digital, hackeo, doxing, campañas de difamación y uso indebido de mecanismos de INTERPOL.
El grupo documentó al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluido el homicidio en Costa Rica del mayor retirado Roberto Samcam en junio de 2025.
Asimismo, el régimen ha despojado arbitrariamente de su nacionalidad a 452 personas, ha dejado a miles en situación de apatridia de facto al negarles documentos y ha impedido el retorno de numerosos exiliados. También se han registrado confiscaciones de propiedades y represalias contra familiares dentro del país.
El informe destaca que mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas, abogadas, lideresas políticas y comunitarias, así como personas LGBTIQ+, han sido blanco de violencia basada en género y campañas de estigmatización moral, tanto dentro de Nicaragua como en el exilio. Según la experta Ariela Peralta, estos patrones forman parte de una estrategia deliberada para castigar a mujeres y movimientos feministas por su liderazgo político.
Crímenes de lesa humanidad y llamado urgente a la comunidad internacional
El Grupo reiteró que las violaciones cometidas desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad y advirtió que, ante la falta de cooperación del régimen —que se ha retirado de varios mecanismos de la ONU—, la rendición de cuentas internacional es más urgente que nunca.
Los expertos llamaron a los Estados a activar un marco integral de responsabilidad, que incluya jurisdicción universal, sanciones selectivas y litigios basados en tratados internacionales, además de reforzar la protección de los exiliados.
“El tiempo juega en contra de las víctimas. Cuanto más se retrase la acción, mayor será el daño”, advirtió Simon, quien destacó la resiliencia de quienes continúan documentando abusos pese al riesgo.
El informe insta a la dictadura de Nicaragua a desmantelar la arquitectura represiva, liberar a todos los presos políticos, restablecer derechos fundamentales y permitir el ingreso de mecanismos internacionales de monitoreo.
El Grupo de Expertos reiteró su disposición a viajar a Nicaragua para supervisar avances y apoyar reformas en materia de derechos humanos, siempre que el régimen lo permita.
El Gobierno de #Nicaragua financia la represión mediante el desvío de fondos públicos y una red de vigilancia transnacional contra exiliados, denunció hoy el Grupo de Expertos de la @ONU_es en un nuevo informe. #HRC61
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— UN Human Rights Council Investigative Bodies (@uninvhrc) March 10, 2026
