La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una organización no gubernamental, denunció este jueves que en el primer bimestre de 2025 ha contabilizado al menos 32 vulneraciones a defensores de derechos humanos y a periodistas.
«Entre enero y febrero de este año se han registrado 32 vulneraciones al espacio cívico, de las cuales 22 afectan directamente la Libertad de Expresión», indicó Fespad en una publicación en X.
«Persisten la estigmatización, el descrédito y el acoso hacia personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas comunicadoras», indicó la organización y apuntó que también son afectadas las organizaciones civiles.
Fespad lamentó que «este panorama refleja el debilitamiento del espacio cívico en el país» y señaló como responsables de este agrietamiento a diputados de la Asamblea Legislativa y funcionarios del Gobierno.
«Se ha observado una peligrosa tendencia de criminalización hacia aquellas personas que cuestionan o se oponen a las acciones del Gobierno, acompañada de persecuciones y acoso policial», denunció la fundación.
La ONG apuntó que, a pesar de «los esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad civil por mantener la vigilancia y defensa de los derechos fundamentales, continúan las graves restricciones a la libertad de información, la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una limitada participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas y leyes».
Una de las últimas detenciones de activistas de derechos humanos registradas en El Salvador se dio el 25 de febrero pasado, cuando fue apresado Fidel Zavala, miembro de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc).
La Unidehc es una organización no gubernamental que brinda asistencia legal a personas que denuncian detenciones arbitrarias y otros atropellos en El Salvador, en el marco de la implementación en el país centroamericano de recurrentes regímenes de excepción desde marzo de 2022.
De acuerdo con organizaciones humanitarias salvadoreñas y de Estados Unidos, Zavala «estuvo detenido por trece meses antes de ser declarado inocente en marzo de 2023» y «fue testigo de una serie de abusos, torturas y actos de corrupción cometidos en el sistema penitenciario salvadoreño».
Además, estos colectivos han apuntado que el activista en mención denunció «por tales hechos al director de Centros Penales, Osiris Luna, y a custodios de los recintos penitenciarios», incluido a los de la prisión a la que ha sido trasladado. EFE
