La organización humanitaria Tutela Legal «María Julia Hernández» presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 530 casos de «graves violaciones» cometidas en El Salvador en el contexto de la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas y que suspende garantías constitucionales desde marzo de 2022.
«Como parte del proceso de denuncia, esta semana hemos presentado a la CIDH más de 530 casos de graves violaciones cometidas durante el régimen de excepción», apuntaron este jueves representantes de Tutela Legal y del Movimiento Víctimas del Régimen (Movir) en una conferencia de prensa.
Detallaron que se trata de «desapariciones forzadas, casos de tortura y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas en las cárceles, bajo la custodia del Estado».
«La necesidad de activar la justicia interamericana tiene (como) su base la captura de toda la institucionalidad del país por el grupo gobernante», lamentó Tutela Legal en un comunicado.
La organización señaló que estos casos «han seguido el proceso de agotar las instancias nacionales», como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la presentación de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se han entregado documentos para intentar demostrar la inocencia de las personas capturadas a la Procuraduría General de la República (PGR), «sin que exista respuesta positiva para las víctimas de detención arbitraria o ilegal».
«Existen casos con órdenes de libertad emitidas por los jueces de la República, que son ignoradas por la Dirección General de Centros Penales, lo que evidencia que en el país, ha desaparecido el Estado de Derecho», acotó la organización.
Los representantes de Tutela Legal y Movir urgieron a la CIDH a «darle trámite de manera ágil al proceso presentado y resolver a favor de las víctimas».
El pasado 4 de septiembre, la CIDH llamó a El Salvador a brindar una «reparación integral» a las víctimas de presuntos atropellos en el marco del régimen de excepción.
En su informe de país «Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador», la CIDH recomendó las medidas de reparación y «garantías de no repetición», además de pedir la reinstalación de los derechos suspendidos.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la suspensión de garantías constitucionales a finales de marzo de 2022 tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.
La medida se ha extendido en 30 ocasiones por períodos de 30 días y ha dejado la detención de más de 81.900 personas, de las que se han libertado más de 7.000 y se han registrado más de 6.400 denuncias de atropellos y 300 muertes en custodia del Estado.
Este régimen de excepción se ha convertido en la principal y única medida del Gobierno contra las pandillas y que le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata, pese a la prohibición constitucional. EFE
