Entre el 2018 y el 2024, al menos 913 periodistas de 15 países latinoamericanos se vieron forzados a exiliarse debido a la represión, la persecución y el cierre de espacios cívicos en sus países.
Así lo revela el informe Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano, liderado por la Universidad de Costa Rica (UCR) a través del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi-UCR).
El informe señala que Venezuela, Nicaragua y Cuba son los lugares que más han obligado a sus periodistas a huir. En total, estas tres naciones concentran el 92 % de las salidas estimadas.
A estos países se suman otros como Guatemala, Ecuador, Haití, México, Colombia y El Salvador, donde la persecución de las autoridades, la criminalización del periodismo o las amenazas del crimen organizado han generado entornos cada vez más hostiles para quienes trabajan en los medios de comunicación.
Los principales destinos de acogida para estas personas desplazadas son Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Argentina, Colombia y México. La elección de estos países responde, en buena medida, a la existencia de redes de apoyo familiares o comunitarias y a las posibilidades de regularización migratoria que ofrecen.
El trabajo concluye que la mayoría de los desplazamientos ocurren abruptamente y sin planificación, lo que agrava las condiciones de vulnerabilidad. Además, evidencia cómo el exilio se vive en condiciones precarias, con violencia, discriminación, separaciones familiares y problemas de salud física y mental.
Se trata, según el reporte, de una situación donde las personas sufren de un acceso limitado a derechos básicos como salud, vivienda y trabajo, que les dificulta reconstruir sus vidas y mantener su estabilidad económica.
Otro de los hallazgos es que la mayoría de personas exiliadas abandonan la práctica profesional. La complejidad jurídica y administrativa de fundar y mantener un medio, la dependencia del financiamiento internacional y la necesidad de encontrar una forma de vida estable hace que muchas de estas personas dejen el periodismo, lo que genera vacíos y desiertos informativos y lesionan, tanto la libertad de prensa como de expresión.
Para la M.Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora académica del estudio y del Proledi UCR, los hallazgos del informe son una señal de alerta para toda la región: “los resultados reflejan, de manera preocupante, las condiciones adversas para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa en un contexto de evidente erosión democrática, un debilitamiento de la institucionalidad y el aumento de la represión hacia el trabajo de la prensa. El periodismo es, cada vez más, una actividad de alto riesgo.”
El M.Sc. Óscar Mario Jiménez, coordinador del equipo de investigación, señaló que los hallazgos evidencian “un deterioro alarmante de las garantías para ejercer el periodismo en Latinoamérica”. Según Jiménez, se trata de una situación que debe detenerse: “Que más de 900 periodistas hayan sido desplazados forzosamente por defender la libertad de expresión es un ataque directo a la democracia y un llamado urgente a los gobiernos para que actúen sin demora.”
Este estudio, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), contó con la participación de investigadoras de la Universidad Diego Portales de Chile y de Fundamedios, una organización no gubernamental con sede en Ecuador y presencia en Estados Unidos.
El informe, que fue elaborado durante 2024, se basa en 29 entrevistas a organizaciones y redes internacionales, cuatro grupos focales con periodistas establecidos en España, México, EEUU y Costa Rica, dos encuestas virtuales y un amplio análisis documental.
Aquí el estudio completo:
