Más de 445.000 personas han podido sufrir abusos en el ámbito religioso en España y casi 236.000 directamente de sacerdotes, según un informe elaborado por la oficia del Defensor del Pueblo, en el que se recomienda tomar acciones para la reparación de las víctimas por el largo abandono al que se les ha sometido.
El documento, que reúne los testimonios de 487 víctimas, fue presentado este jueves en el Congreso español por el socialista Angel Gabilondo, director de la oficina estatal encargada de velar por los derechos de los ciudadanos, que en España se denomina Defensor del Pueblo.
El trabajo, de 777 páginas, recoge también los resultados de una encuesta en la que el 1,13 % de los españoles mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
No cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos y se limita a recoger los datos de esa encuesta realizada a 8.013 personas mayores de edad, según la cual un 11,7 % de los españoles ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años.
Un fondo estatal de compensación
Además de dar luz al testimonio de las víctimas, en el documento se pide crear un fondo estatal para compensarlas y se denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.
Según este informe, el 84 % de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.
El Defensor del Pueblo critica la respuesta de la Iglesia y lamenta que ésta ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por la negación o la minimización del problema.
«Algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la negación y a la ocultación, sino incluso a presiones y a reacciones de representantes de la misma en las que se les culpabilizaba de los abusos sufridos», censura.
En rueda de prensa, Gabilondo calificó de «insuficiente y dilatoria» la respuesta de la Iglesia a las víctimas y criticó conductas habituales como el traslado de personas abusadoras a otras parroquias, centros docentes o incluso países.
Las críticas del Defensor no se limitan al ámbito eclesial, también denuncia que los poderes públicos carecieron de procedimientos para prevenir, detectar y reaccionar frente a los abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia y sólo a partir de 2021 se introdujeron mecanismos de prevención y detección.
Y lamenta también que la mayoría de casos que han llegado a ser denunciados no han encontrado respuesta por parte del sistema judicial.
Sobre la recomendación de crear un fondo estatal de reparación a las víctimas, Gabilondo definió como «imprescindible» que la Iglesia participe activamente y sea una parte fundamental de él.
También considera que esta institución debe poner los medios necesarios para ayudar a las víctimas de abusos sexuales en el proceso de recuperación, ofreciéndoles tratamiento a ellos o a sus familiares cuando lo requieran.
Un impacto devastador en las víctimas
En cuanto a los testimonios recogidos, que en palabras de Gabilondo «revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en su vida», se trata de entrevistas a 487 víctimas, realizadas tanto en Madrid como fuera de la capital.
El informe destaca cómo los testimonios recalcan los problemas emocionales y de conducta que padecen como consecuencia de los abusos. Un tercio de ellas afirman haber tenido síntomas de estrés postraumático y algunas han experimentado síntomas depresivos, sentimientos de vergüenza y estigmatización y de acción suicida.
A la valentía de las víctimas que han colaborado en este documento se refirió hoy el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, quien consideró este trabajo un «hito» en la democracia española y se comprometió a seguir haciendo lo posible para resarcir su sufrimiento.
