El Gobierno de facto de los talibanes rechazó este viernes con vehemencia las órdenes de arresto solicitadas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra dos de sus altos líderes, incluido el líder supremo Hibatullah Akhundzada, por la persecución de mujeres en Afganistán.
Los talibanes calificaron las acusaciones de la CPI como «infundadas» y «políticamente motivadas», y acusaron a la corte de «mala conducta».
El fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, anunció ayer que había solicitado las órdenes, citando las severas restricciones impuestas por los talibanes a las mujeres desde que tomaron el poder en 2021.
Estas restricciones incluyen la prohibición de que las mujeres trabajen en la mayoría de los empleos, frecuenten espacios públicos y accedan a la educación más allá del sexto grado.
En respuesta, a través de una declaración publicada en su cuenta oficial de X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los talibanes condenó la acción de la CPI.
“Una orden de arresto solicitada por un ‘fiscal’ de la supuesta ‘corte’ para el líder del Emirato Islámico de Afganistán, el estimado Amir-ul-Mu’mineen (que traduce Príncipe de los Creyentes, usada para referirse al líder supremo) y el honorable presidente del Tribunal Supremo , Sheikh Abdul Hakim Haqqani, es similar a muchas otras decisiones de esta institución, y está desprovista de una base legal justa, es de naturaleza dúplice y está políticamente motivada”, indicó.
En la declaración, el régimen de los talibanes consideró «lamentable que se estén lanzando acusaciones tan infundadas contra los honorables líderes del Emirato Islámico en un momento en que Afganistán goza de paz en todo el país, su gente ha respirado aliviada», aseguró.
Con esto el Gobierno de facto de Afganistán se refiere al fin de «las prisiones privadas, los secuestros, las islas de poder y muchas otras miserias y actividades inhumanas» que asegura estuvieron presentes en la vida del país durante el Gobierno depuesto por los fundamentalistas en agosto de 2021, y la presencia de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.
El ministerio alegó que la CPI había ignorado décadas de guerra y presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas extranjeras y sus aliados durante sus veinte años de ocupación de Afganistán.
“Lamentablemente, esta institución había hecho la vista gorda ante los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas extranjeras y sus aliados durante sus veinte años de ocupación de Afganistán”, reclamaron en la declaración.
La solicitud de las órdenes de arresto «erosiona aún más la credibilidad ya inexistente» de la CPI, sostuvo el gobierno integrista que pide en cambio «poner fin a los intentos de imponer una interpretación específica de los derechos humanos en todo el mundo».
