“No vamos a permitir que se banalice una dictadura criminal”. Con esa expresión el legislador y abogado Yamil Santoro redobló su ofensiva judicial contra Diego Omar Suárez, alias “Michelo”, y un grupo de influencers argentinos que viajaron a Venezuela financiados por el régimen de Nicolás Maduro, acusado internacionalmente por crímenes de lesa humanidad.
La denuncia, originalmente presentada por Santoro por apología del crimen e intimidación pública, se amplió recientemente tras la difusión de nuevos contenidos en redes sociales donde “Michelo” no solo reivindica al régimen venezolano, sino que ataca personalmente al diputado con acusaciones falsas y sin pruebas. En respuesta, Santoro fue categórico:
“El delincuente de @2_michelo, financiado por la narcodictadura venezolana, me acusa de lavar plata de $Libra y de ser financiado por Milei. Además de hipócrita, equivocado y bocón. Nos vemos en Tribunales”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Una denuncia con alcance internacional
En su escrito judicial, Santoro detalló cómo el influencer utiliza plataformas como TikTok e Instagram para exaltar la violencia institucional, justificar desapariciones forzadas y persecución política, y difundir discursos de odio, incluyendo expresiones antisemitas.
La Fundación Apolo, reconocida por su lucha anticorrupción y defensa de los derechos humanos, se presentó como querellante en la causa. Su director de legales, José Magioncalda, señaló:
“No podemos quedarnos callados mientras se justifican crímenes de lesa humanidad desde una cuenta de TikTok. Hay que actuar con firmeza. No es libertad de expresión: es complicidad con una dictadura”.
¿Quién financia estos viajes?
Junto a José Magioncalda, el abogado Ignacio Falcón y el comunicador Manuel “Danann” Gorostiaga, Santoro también presentó una averiguación de delito para investigar el origen de los fondos utilizados por influencers argentinos para participar en actos públicos del régimen venezolano.
Entre las pruebas aportadas, se incluyen publicaciones donde los denunciados apoyan la “asunción” de Maduro —pese a que enfrenta una orden de captura internacional— y frases que replican la narrativa oficial chavista como: “Si tocan a Venezuela, qué quilombo se va a armar”.
Los denunciantes aseguran que los viajes —valuados en más de 72 mil dólares— fueron financiados por la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), liderada por Maduro y con la firma de su ministra de Juventud, Grecia Colmenares. El escrito judicial resalta que gran parte del sistema financiero venezolano está sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), lo que eleva la sospecha de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional.
Un mensaje claro: no hay lugar para los cómplices del autoritarismo
La ampliación de la denuncia no solo busca sancionar a quienes promueven el régimen venezolano, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad argentina:
“No vamos a permitir que desde Argentina se legitime un régimen que tortura, asesina, desaparece personas y pisotea las libertades más básicas. Quienes banalizan estas atrocidades serán responsables”, advirtió Santoro.
