Fuentes diplomáticas europeas adelantaron que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, así como otros 14 altos funcionarios del régimen de Maduro van a ser incluidos en la lista de sancionados de la Unión Europea (UE) por socavar la democracia y el Estado de Derecho en el país.
La decisión, adoptada la víspera por los embajadores de los Veintisiete, tiene que ser formalmente aprobada por el Consejo (los países) por procedimiento escrito y después entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, señalaron las fuentes.
La chavista Caryslia Rodríguez, presidenta del ente judicial que ratificó la reelección de Nicolás Maduro en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, como había señalado previamente el Consejo Nacional Electoral (CNE), es objeto de sanciones estadounidenses desde septiembre pasado y de canadienses desde esta misma semana.
De esta manera, la UE va a ampliar sus sanciones al régimen de Maduro, quien el próximo 10 de enero tiene previsto jurar el cargo como presidente con base a los polémicos resultados de las elecciones de julio validados por el CNE y el TSJ.
Las sanciones de la UE contra Venezuela, introducidas por el Consejo el 13 de noviembre de 2017 y que incluye un embargo de armas y de equipos destinados a la represión interna, se prorrogaron por última vez hasta el 10 de enero de 2025.
Por tanto, se espera que sean renovadas y se incluyan las nuevas 15 incorporaciones en la lista de sancionados que, hasta la fecha, alcanza el medio centenar, incluidos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, aunque no está Maduro.
Estas medidas coercitivas selectivas implican la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos a personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se comprometieron en su cumbre del jueves pasado a «movilizar todas las herramientas a su disposición» para apoyar una transición pacífica e inclusiva en Venezuela, país al que urgieron a cumplir con sus compromisos bajo la legislación internacional.
Con información de EFE
