El jefe de la oposición en Israel, el ex primer ministro Yahir Lapid, advirtió este domingo que el gobierno de Benjamín Netanyahu debe paralizar su polémica reforma judicial durante al menos un año y medio, para que pueda buscarse un consenso entre ambas partes sobre una legislación que ha polarizado al país.
«La única solución posible, y lo único que permitirá volver a las negociaciones, es congelar la legislación. El gobierno y la oposición deberían promulgar conjuntamente una moratoria de 18 meses», escribió Lapid en su cuenta de X.
«Mientras no haya un congelamiento en la legislación, no tiene sentido hablar de otras leyes u otros acuerdos», añadió.
Pero el partido derechista Likud, liderado por Netanyahu, rechazó las demandas del opositor inmediatamente.
“Invitamos a Lapid a entrar en negociaciones hoy”, dijo el Likud en un comunicado.
Netanyahu y sus socios ultrotrodoxos y ultranacionalistas anunciaron en enero una polémica reforma judicial que busca restar independencia a la Justicia para otorgarle más poder al Ejecutivo.
Desde entonces, se levantó un histórico movimiento de protesta en todo el país, que aglutina diversos sectores sociales -académicos, militares, empresarios de alta tecnología, mujeres- y organiza constantes y multitudinarias marchas antigobierno, algunas veces con brotes de violencia ante la represión policial.
La presión social logró que el gobierno suspendiera la tramitación legislativa en marzo para iniciar un diálogo con la oposición, auspiciado por el presidente israelí, Isaac Herzog.
Pero las negociaciones no fructificaron y la coalición gubernamental decidió continuar unilateralmente con su reforma, pese a las críticas incluso desde la esfera internacional.
El lunes pasado, el Parlamento -donde el gobierno tiene mayoría- aprobó una de las leyes fundamentales de la reforma, la que eliminó la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales que no considerara razonables.
Según Lapid, ese mismo día había un acuerdo listo para ser firmado entre gobierno y oposición sobre la reforma, pero miembros radicales del gabinete lo impidieron, como el ministro de Justicia y arquitecto de la iniciativa, Yariv Levin, y el ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir.
«El lunes, tanto el presidente (Herzog) como yo pensábamos que ya había un acuerdo listo para firmar. Pero entonces Yariv Levin y Ben Gvir llegaron a la mesa y amenazaron con disolver el gobierno. El primer ministro entró en pánico, se rindió a ellos y la ley de la razonabilidad se aprobó de la forma más extrema posible», escribió Lapid en X. EFE
