La ONU reconoció hoy que en 2023 hubo avances en derechos humanos que llevaron a mejoras en algunos indicadores de violencia en Colombia, pero advirtió de que los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales continúan ampliando su control sobre tierras y comunidades.
«Los altos niveles de violencia están afectando de forma desproporcionada a comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes, y a sus líderes», declaró el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, al presentar el informe 2023 de la oficina de su organismo en Colombia.
En palabras pronunciadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Türk dijo que la expansión de los grupos criminales pone en riesgo la supervivencia física y cultural de varios pueblos.
Según indica el informe, la ONU en Colombia pudo confirmar que el año pasado ocurrieron 98 masacres, mientras que en otros 25 casos sus investigaciones no fueron concluyentes. Esto supone un aumento del 6,5 % con respecto a los verificados en 2022.
En las masacres verificadas, se registraron 320 víctimas, entre las que había 32 niños y niñas. Del total, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes).
Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca y en el 93 % de casos la presunta autoría recayó en grupos armados no estatales y entes criminales.
Otro dato que mencionó Türk fue que se documentaron 105 asesinatos de defensores de derechos humanos (de un total de 233 denuncias recibidas), así como 53 casos de violencia de género, incluida la violencia sexual, y 134 casos de reclutamiento o utilización de niños por parte de actores armados no estatales.
«Tales niveles de violencia requieren mayores esfuerzos de protección civil por parte del gobierno. Le insto a que haga todo lo posible para extender y mantener un nivel integral de presencia del Estado en todo el país», señaló.
El alto comisionado valoró de manera positiva el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército y sus disculpas a los familiares de las víctimas.
«Saludamos también la apertura por parte de la Jurisdicción para la Paz de una investigación sobre violencia de género, incluida la violencia sexual», comentó, tras garantizar el pleno compromiso de su organismo de apoyar los mecanismos de justicia y de acompañar a las víctimas.
De forma especial, Türk pidió a la Corte Suprema de Colombia que elija lo antes posible a un nuevo fiscal general.
El informe del área de derechos humanos de la ONU sobre Colombia también menciona que se comprobó el asesinato de 48 antiguos integrantes de las FARC-EP el año pasado, casi un 6 % menos de casos con respecto a 2022.
Desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 408 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres, precisa.
Asimismo, el informe apunta a 23 casos de homicidio de autoridades tradicionales, guardias indígenas o guardias cimarronas. EFE
