La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualizó su base de datos sobre las cancelaciones de personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, documentando que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha clausurado 5.441 organizaciones, de un total de 7.227 registradas en 2018.
«Este cierre masivo constituye un ataque sistemático contra el pluralismo, el espacio cívico y la democracia en Nicaragua», denunció la CIDH.
En 2024, el Ministerio del Interior del régimen asumió el rol principal de cancelación de organizaciones con el 37%, entre 2022 y 2023, el Ministerio de Gobernación ejecutó el 35% de las cancelaciones mientras que entre 2018 y 2022, la Asamblea Nacional fue responsable del 28% de las cancelaciones.
La base de datos de la CIDH es una herramienta que recopila información sobre las cancelaciones llevadas a cabo por la dictadura sandinista desde el inicio de la crisis de derechos humanos en abril de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, como parte de las actividades de monitoreo que realiza desde el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua.
Actividades o rubro de organizaciones canceladas
La CIDH destaca que entre las organizaciones más afectadas figuran las de carácter religioso (40%), de desarrollo (38%) y gremial (33%). De las organizaciones religiosas se cuenta con un registro de 1,341 entidades afectadas, principalmente vinculadas a iglesias católica y evangélica.
Normativa aplicada
El registro de la CIDH da cuenta de que más de 4,500 cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones de la sociedad civil se fundamentaron en la Ley Nº 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
Asimismo, 808 organizaciones fueron canceladas sin un fundamento legal claro, y que también el Estado recurrió al Decreto Ejecutivo Nº 15-2018 —reglamento de la Ley Nº 977— y a la Ley Nº 1040 sobre Regulación de Agentes Extranjeros, entre otras disposiciones para restringir el funcionamiento de la sociedad civil en el país.
