La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró este viernes que “ha aumentado significativamente” el “riesgo grave” de que Venezuela “adquiera y ejerza” su control y administración sobre el Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, lo que llevó a los jueces a acceder a la indicación de medidas cautelas contra el régimen de Maduro.
El máximo tribunal de la ONU consideró la adopción por parte de Venezuela de medidas legislativas y decretos sobre el Esequibo, y el anuncio de la preparación y realización de elecciones en ese territorio, como unos “acontecimientos graves que constituyen un cambio en la situación” sobre la que ya emitió medidas cautelares en 2023.
“El riesgo grave de que Venezuela adquiera y ejerza control y administración sobre el territorio en disputa ha aumentado significativamente”, señaló la Corte, que transmitió ayer por carta a las partes la posición de los jueces, aunque no la hizo pública hasta hoy.
La CIJ decidió dos cuestiones. Primero reafirmó por unanimidad que las medidas cautelares que ya emitió en diciembre de 2023 “deben ser implementadas de forma inmediata y efectiva”, lo que incluye “abstenerse” de tomar “cualquier acción que modifique” la situación del territorio al oeste del río Esequibo motivo de disputa con Guyana, o que pueda “agravar o prolongar” este litigio.
Pero no había pedido directamente a Caracas cancelar la celebración del referendo que tenía previsto. Sin embargo, la CIJ urge ahora a Venezuela, por doce votos contra tres, a “abstenerse de llevar a cabo elecciones, o de prepararse para celebrarlas», en el territorio en disputa de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, que actualmente administra y controla Guyana.
El presidente guyanés, Irfaan Ali, se adelantó ayer a informar en Facebook de la comunicación recibida desde la CIJ con las dos medidas cautelares -que no debía hacer anunciar hasta que lo publicara el tribunal- y celebró que “una vez más, la postura de Guyana ha prevalecido; una vez más, se ha demostrado que la postura de Guyana se ajusta al derecho internacional”.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, y reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia con Guyana el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), que establece bases para una solución negociada.
Pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana interpuso en 2018 una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial. En abril de 2023, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue un golpe para Caracas, puesto que había intentado que se declarara “inadmisible” este caso.
El pasado marzo, Guyana pidió a la CIJ emitir de forma “urgente” medidas cautelares para exigir a Caracas “no celebrar elecciones en ninguna parte del territorio guyanés”, y “abstenerse de cualquier acción que pretende anexar” el territorio en disputa, incluida la incorporación de “Guyana Esequiba” como parte de Venezuela. Es a esta petición a lo que ahora ha contestado la Corte, pero todavía no ha entrado en el contenido de la disputa. EFE
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