El juez de la Audiencia Nacional de España Joaquín Gadea ha admitido una denuncia presentada contra el candidato presidencial colombiano de izquierda Gustavo Petro por el presunto secuestro del periodista Fernando González Pacheco por parte de la organización guerrillera M-19, en la que militó el político.
Con información de Europa Press
En un auto del pasado 19 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 explica que la admisión se produce “a los solos efectos” de ofrecer a los familiares del periodista la posibilidad de querellarse después de que la Fiscalía haya rechazado hacerlo.
De hecho, fuentes jurídicas han explicado que el Ministerio Público ha recurrido en apelación al no apreciar la conexión de los hechos con la jurisdicción del tribunal.
La admisión a trámite de esta denuncia se ha dado a conocer un día después de que Petro haya conseguido la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia tras conseguir el 40,32% de los votos.
El periodista -en una fecha indeterminada comprendida entre 1977 y 1990- habría sido secuestrado por la guerrilla y liberado posteriormente. González Pacheco, que gozaba de una gran fama en Colombia, murió en Bogotá en 2014 por una complicación cardíaca.
La relación que conecta estos hechos con la Audiencia Nacional es, apunta el magistrado, que fuentes abiertas apuntan que González Pacheco nació en España. Sin embargo, y para corroborarlo, el magistrado ordena a la Policía comprobar si el periodista “ostentaba la nacionalidad española al tiempo de producirse los hechos denunciados”.
Adicionalmente, el juez Gadea solicita que se averigüe -con el auxilio de las autoridades colombianas- si Petro “goza de estatuto de amnistiado o indultado, y especialmente, si ha sido investigado, absuelto o condenado por los hechos” que se investigan. Y, además, ofrece al propio Petro personarse en esta condición en el presente procedimiento para poder defenderse.
La denuncia interpuesta por François Roger Cavard contra Petro, recoge el auto, imputa al dirigente la comisión de delitos calificados inicialmente como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
En la misma, el denunciante relata que Petro “habría sido integrante” de la extinta guerrilla M-19, quienes durante al menos dos décadas (entre los años 70 y 80) emplearon de manera sistemática e indiscriminada el secuestro de personas, así como la tortura y el asesinato intencional con el objetivo de destruir a quienes consideraban su enemigo”.
A pesar del extenso relato y repaso a supuestos hechos delictivos cometidos por el grupo, el juez deja claro que “tan solo el caso del secuestro del periodista resultaría (en este momento) con una aparente vinculación con la Jurisdicción española”.
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