Una jueza española decidió abrir juicio oral contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros (unos 298.000 dólares), a través de una trama de facturas falsas.
En un auto, la jueza acuerda la apertura de juicio contra González Amador y otros cuatro empresarios por un delito contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a grupo criminal.
En este caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden condenar a la pareja de Díaz Ayuso -líder del Partido Popular en Madrid- como autor por delitos contra la Hacienda pública por defraudar presuntamente el impuesto de sociedades de los ejercicios 2020 y 2021, al presentar facturas y documentos falsos para reducir su carga fiscal.
El fraude podría ascender a un total de 350.951 euros.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, junto a multas de hasta 624.402 euros, mientras que los partidos PSOE (socialista) y Más Madrid, que ejercen de acusación particular, solicitaron cinco años de prisión y una multa de 27.000 euros (casi 23.000 dólares).
Además, González Amador está siendo investigado en una caso separado por presunta corrupción en los negocios junto con la firma Quirón Prevención, del Grupo Quirónsalud, una de las mayores empresas del sector de la Prevención de Riesgos Laborales a nivel internacional.
En este caso, las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la esposa de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros en una operación de venta de material médico.
El caso de la pareja de Díaz Ayuso ha puesto al fiscal general de España, Álvaro García Ortiz, en la cuerda floja, pues fue acusado por un delito de revelación de secretos, al supuestamente filtrar información a la prensa sobre este caso de fraude y por ello está imputado en el Tribunal Supremo.
Sin embargo, García Ortiz insiste en que la Fiscalía aportó esa información para desmentir un bulo que aseguraba que era el Ministerio público el que ofrecía un pacto a González Amador, cuando en realidad había sido al revés.
EFE
