La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia denunció este martes que algunos de sus magistrados están siendo víctimas de presunto espionaje y pidió a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación para esclarecer esta situación.
«Magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales», detalló el director de Asuntos Jurídicos de la JEP, Jairo Arias, en una carta enviada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
La nueva denuncia se conoce días después de que magistrados de la Corte Constitucional también denunciaran ante la Fiscalía la presunta interceptación de sus teléfonos.
La JEP considera «que de comprobarse esta situación se afectaría su independencia y autonomía» y además «se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado social y democrático de derecho adoptado por Colombia».
«Se solicita que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales competentes investiguen los hechos y sancionen a todos los responsables; y en consecuencia que los recursos dispuestos para avanzar en los actos investigativos frente a los hechos denunciados por la Corte Constitucional se extiendan a los hechos que afectan a los magistrados y magistradas de la JEP», añadió Arias en la misiva.
Denuncia de la Corte Constitucional
Magistrados de la Corte Constitucional se reunieron la semana pasada con la fiscal general para advertirle de posibles actos de espionaje en su contra.
La Corte Constitucional tiene entre sus funciones las de examinar si las reformas del Gobierno, aprobadas mediante leyes o decretos, cumplen los requisitos de constitucionalidad.
Según medios colombianos, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, le entregó a la fiscal una carta en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez denuncia que él y su esposa son «víctimas de una persecución por parte de organismos de inteligencia estatal».
Tras esa denuncia, Camargo ordenó «iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata», a la que se suma la indagación interna anunciada este lunes por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
«El Gobierno nacional no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el presidente de la república. La inteligencia del Estado solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia», expresó este martes el presidente Gustavo Petro en la red social X.
El mandatario agregó: «Si al magistrado Ibáñez le ha llegado wharsapps (sic) con esa información solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del Gobierno sino del Gobierno con las otras ramas del Estado».
Hay que «dejar de caer en ingenuidades que construyen los grupos nazis», señaló el mandatario.
El posible espionaje al Poder Judicial ya sucedió en el pasado, durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), lo que derivó en un escándalo con condenas a algunos de los responsables.
