Un juez federal ha concedido un plazo hasta el jueves para que el Gobierno estadounidense le facilite detalles sobre los vuelos en los que el sábado deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador, mientras aumentan las llamadas del presidente, Donald Trump, y su círculo cercano para que se destituya al magistrado en cuestión.
Al argumentar, que se trata de información que compromete la seguridad nacional, el Departamento de Justicia lleva toda la semana evitando compartir información de estos vuelos con el juez James Boasberg, que el sábado emitió una orden para bloquear la invocación por parte de Trump de la ley de Enemigos Extranjeros.
Esa normativa de 1798 autoriza deportaciones sumarias de extranjeros en caso de guerra.
Boasberg había pedido que la información se le remitiera bajo secreto (para que no sea accesible de manera pública) antes del mediodía de este miércoles, pero el Gobierno volvió a considerar innecesaria la petición y baraja ahora si invocar el privilegio de secretos de Estado, cuya aplicación permite excluir la presentación de pruebas que puedan comprometer la seguridad nacional.
El juez ha decidido conceder otras 24 horas para que el Departamento de Justicia pondere si invoca o no esa protección y, en caso afirmativo, y la pueda argumentar.
Pese a la orden de Boasberg del sábado, un total de tres vuelos aterrizaron en El Salvador y entregaron a unos 200 venezolanos -que el Gobierno de EE.UU. asegura son miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua y que nació en cárceles venezolanas- a las autoridades salvadoreñas, que aceptaron encarcelarlos.
El Departamento de Justicia ha cuestionado que el juez tenga competencia sobre la política migratoria y exterior del Gobierno, algo que el propio Trump ha afirmado con vehemencia en los últimos días.
Por su parte, el subjefe de gabinete, Stephen Miller, afirmó hoy que la Administración en su conjunto respalda los comentarios del presidente en relación a la destitución de Boasberg.
«No es posible una democracia en la que jueces de distrito puedan asumir individualmente todos los poderes del comandante en jefe», declaró Miller.
El martes, el congresista republicano Brandon Gill presentó artículos de destitución en la Cámara de Representantes para iniciar el proceso en contra del juez Boasberg.
En caso de que ese primer paso sea validado por dicho hemiciclo, las perspectivas de éxito para un intento de destitución de Boasberg son inexistentes según los expertos, puesto que el cese solo se volvería efectivo si dos tercios del Senado refrendan lo aprobado por la Cámara Baja, lo que requeriría el apoyo de hasta 14 senadores demócratas.
Uno de los abogados que representan a cinco de los venezolanos deportados a El Salvador ha advertido sobre la «crisis constitucional» que plantea el caso; mientras, distintos miembros del Ejecutivo insisten en condenar públicamente a los jueces que bloquean las medidas del Gobierno, al argumentar la separación de poderes en EE.UU. EFE
