Un juez estadounidense dictaminó el jueves que el proceso de venta de acciones de Citgo, subsidiaria en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, como indemnización por la confiscación de una mina de la empresa canadiense Crystallex en Venezuela, podía comenzar.
“Todas las partes acuerdan que, de acuerdo con las leyes y políticas aplicables, no se puede realizar una venta de acciones de PDVH (el holding de Citgo en Estados Unidos, nota del redactor) sin una licencia específica” del Tesoro de Estados Unidos, escribió el juez federal Leonard Stark en el argumento que acompaña su decisión.
“Pero todas las etapas preparatorios que se puedan tomar sin tal licencia pueden y deben tomarse”, agrega.
«La alternativa sería hacer esperar a Crystallex por un período adicional indefinido, que no se puede justificar considerando la década y los recursos que Crystallex ya ha destinado a tratar de recuperar lo que le había sido adjudicado, y considerando sus victorias judiciales ininterrumpidas”, señaló Stark, juez de la Corte Federal de Distrito en Delaware.
El caso se remonta a 2011, cuando el gobierno venezolano del fallecido presidente Hugo Chávez estatizó una mina de oro que había sido adjudicada a Crystallex, pero luego no reembolsó a la empresa 1.200 millones de dólares, como lo había dispuesto un arbitraje internacional. Desde entonces, la cantidad se ha incrementado a 1.400 millones de dólares.
El gobierno estadounidense anunció el pasado mes de diciembre sanciones contra los dos funcionarios clave en la condena del régimen de Nicolás Maduro a los seis ex ejecutivos de Citgo presos en Venezuela. El sexteto había sido sentenciado el mes pasado a entre ocho y 13 años de prisión por un tribunal controlado por la dictadura venezolana, y acusados de brumosos cargos de corrupción.
“Estados Unidos designa a la jueza y al fiscal venezolanos que presidieron y procesaron el juicio y la sentencia de noviembre de 2020 de las seis personas estadounidenses conocidas como los 6 de Citgo. Estos estadounidenses han sido injustamente encarcelados en Venezuela desde noviembre de 2017 después de haber sido atraídos a Caracas bajo falsos pretextos”, sostuvo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado difundido horas atrás.
“Lorena Carolina Cornielles Ruiz (Cornielles) presidió el juicio de los Citgo 6 mientras que Ramón Antonio Torres Espinoza (Torres) fue el fiscal que representó al ilegítimo régimen de Maduro. Como tal, estos dos oficiales jugaron papeles críticos en los juicios canguro de cada uno de los ejecutivos de Citgo. Estos procedimientos se vieron empañados por la falta de garantías de un juicio justo y estuvieron basados en acusaciones motivadas políticamente, y se les negó el acceso a los medios de comunicación y a los grupos de derechos humanos”, agregó Pompeo.
