Un juzgado civil condenó al expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) a pagar una indemnización de más de 580.000 dólares al diario La Prensa, en un caso por supuestos daños y perjuicios interpuesto por el político contra el rotativo hace 11 años que finalmente no prosperó.
El periódico panameño publicó este jueves la sentencia, adoptada el pasado 23 de junio por la jueza Decimoquinta de Circuito Civil, Lina Castro de León, en la que «niega la pretensión incoada» por Pérez Balladares contra la Corporación La Prensa S.A.
El fallo «condena a la parte actora al pago de la suma de 581.000 dólares en concepto de costas por razón de la instancia en favor del demandado (…) más el pago de gastos del presente proceso», de acuerdo con el documento, de 39 páginas.
«Hoy nos hemos notificado del fallo. Hemos apelado (…) por lo que el proceso continúa», dijo en un vídeo colgado en la página web del exmandatario su apoderado judicial, José María Castillo, tal como este mismo jueves Pérez Balladares había adelantado a EFE que haría.
Castillo recordó que este caso comenzó en marzo de 2012, que ha sido «extremadamente largo» por permanecer «prácticamente paralizado» por causas «atribuibles al tribunal», y auguró que esta «es una batalla que todavía tomará unos años más».
Pérez Balladares demandó civilmente a La Prensa por 5,5 millones de dólares por presuntos daños y perjuicios por publicaciones sobre un caso de presunto blanqueo que involucró al expresidente.
La demanda «se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011» sobre un caso de presunto blanqueo abierto en 2009 por la Fiscalía, que involucraba a Pérez Balladares por la concesión que dio a una empresa para la explotación de máquinas tragamonedas, el cual fue sobreseído en 2011, en un fallo que fue ratificado en 2017.
En su sentencia del 23 de junio pasado, la juez argumentó que rechazaba la demanda de Pérez Balladares porque «es claro» que la información publicada en su momento por el diario «se extrajo de la Vista Fiscal Ampliación No.6 del 28 de febrero de 2011, en la cual inclusive se incluyen imágenes de los cheques».
La magistrada también apeló al estándar de la «real malicia» y recordó que este «le impone al que se sienta agraviado que acredite la culpa grave, doctrina que es aplicable cuando el sujeto pasivo de una difamación por vía de los medios de difusión sea un funcionario público o figura del dominio público, como lo es en el caso que nos ocupa».
En el marco de este caso, la juez Castro de León ordenó en el 2020 el secuestro de cuentas y acciones de La Prensa por valor de hasta 1,3 millones de dólares, una medida que el gremio periodístico local deploró por considerarlo un atentado a la libertad de expresión e información.
«El secuestro continúa», afirmó el abogado de Pérez Balladares, un extremo que también confirmó el diario La Prensa, explicando que en la parte «resolutiva del fallo no se adopta una decisión respecto al levantamiento del secuestro civil».
Edison Lanza, entonces Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tildó de «medida desproporcionada con impacto en la libertad de prensa» la orden judicial de inmovilizar los fondos de La Prensa.
En su última reunión semestral, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostuvo que el acoso judicial sigue siendo la principal amenaza a la libertad de prensa en Panamá, dado los múltiples casos de secuestro y demandas civiles contra medios y periodistas.
EFE
