La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, sostuvo que la solución a la crisis de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio debe ser democrática, no militar, y que es algo que sólo se resolverá con transparencia publicando los resultados de los comicios.
Por Moncho Torres / EFE
«Me gustaría volver a lo que otros han dicho. Algunos de nuestros líderes del Congreso han dicho que no necesitamos recurrir a una solución militar para nada de esto. Esto es muy simple: democráticamente publicar los resultados de la votación y mostrar la voluntad del pueblo«, afirmó la general Richardson en Panamá, donde esta semana mantuvo encuentros con varias autoridades, entre ellas el presidente panameño, José Raúl Mulino.
Como jefa del Comando Sur desde 2021, la general Richardson se ocupa, al frente de un comando de más de 1.200 militares y civiles, de proporcionar planes de contingencia, operaciones y cooperación en materia de seguridad en un área que cubre 31 países de América Latina y el Caribe, incluido Venezuela.
Por lo que la general insiste, negando la desinformación en redes sociales que habla de una posible intervención militar, en una salida democrática a la crisis que se desencadenó después de que en las elecciones del pasado 28 de julio el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Nicolás Maduro, vencedor de los comicios sin aportar evidencias, mientras que la oposición presentó en una página web miles de actas de votación que darían la victoria abrumadora a su abanderado, Edmundo González Urrutia.
Ante esta situación, la postura de Estados Unidos fue clara: el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, reconoció el pasado 1 de agosto la victoria electoral del líder opositor y dio veracidad a los documentos presentados por la oposición.
«Con esos votos que se lograron, espero que haya un final democrático para esto y que se pueda resolver democráticamente. Creo que la transparencia en los votos (es) algo importante, como dijo nuestro secretario Blinken (y) muchos otros presidentes de la región«, remarcó Richardson.
«Tenemos que mantenernos unidos y tenemos que seguir exigiendo que haya transparencia y que se publiquen los recuentos y los resultados de las votaciones«, apuntó, recordando que fueron más de 12 millones de venezolanos los que acudieron a votar y debe haber «transparencia» sobre esos votos.
Migración venezolana
Desde la proclamación de los resultados, han sucedido protestas en Venezuela, con un aumento de la violencia y la inestabilidad, algo que podría elevar aún más el número de venezolanos que se ven obligados a abandonar el país, que ascienden ya a «casi 8 millones de personas», recuerda Ricardson, lo que supone «una crisis humanitaria muy grave».
La primera mujer en liderar el Comando Sur remarca que el migrante, en general, preferiría quedarse en su país si existieran las condiciones, por lo que la estrategia para reducir la migración irregular debe centrarse en que «la gente se sienta segura y no quiera irse», con una región además muy próspera, pero la población no se beneficia de esos recursos.
La general destaca también el impacto que tuvo la pandemia de la covid-19 en el aumento de la pobreza en estos países, que están «todavía tratando de salir del agujero», y ante esta situación «las organizaciones criminales transnacionales se han aprovechado», diversificando su área de acción, «no se trata solo del tráfico de drogas, sino también del tráfico de personas, la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, los productos falsificados».
En la lucha contra esas organizaciones criminales, explica, la «parte difícil» es «rastrear el dinero», detectar cómo «se blanquea ese dinero, cómo se limpia y se devuelve al sistema», y en eso cuenta con la colaboración de sus socios regionales como la propia Panamá, a los que apoyan «fortaleciendo sus capacidades», con la formación de sus fuerzas de seguridad, además del aporte de equipamiento o el respaldo para mantenerlo.
Precisamente en Panamá ese apoyo a fuerzas como el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) sirve para mejorar el control de la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia por la que pasan a diario cientos de migrantes en su camino hacia Estados Unidos, más de 520.000 solo en 2023, en su mayoría venezolanos, una cifra inédita, según datos oficiales de las autoridades panameñas.
Además desde que el pasado 1 de julio comenzó la nueva Administración del presidente Mulino, se han tomado varias medidas para tratar de reducir ese flujo por el Darién, cruzado en lo que va de año por más de 216.000 migrantes, como cercar de manera progresiva con «barreras perimetrales» (vallas de alambre con púas) unos 4,7 kilómetros de la selva, que tiene 266 kilómetros de longitud, para crear un «corredor humanitario».
Panamá también suscribió con el Ejecutivo estadounidense, el mismo día de la investidura, un acuerdo para devolver a través de vuelos a algunos de los migrantes que atraviesan el Darién.
La general Richardson explicó que todavía están trabajando en diferentes aspectos para el inicio de esos vuelos, pero quiso destacar la postura firme de Mulino ante esta problemática.
«Creo que fue el liderazgo que el nuevo presidente y su administración mostraron el día de la investidura, al firmar ese memorando, (…) que envía un mensaje muy claro de que va a ayudar a solucionar este problema. Y por eso estoy realmente entusiasmada», aseguró.
